Ficciones económicas, laborales y mineras (III)

El aún presidente ejecutivo de Southern Perú Óscar González Rocha, hace pocos días declaró que Tía María ya debería llevarse a cabo, más ahora que se necesita trabajo e inversiones para superar los daños colaterales producidos por la pandemia, expresando además que ya la empresa ha invertido más de US$ 200 millones de los US$ 1,400 proyectados, refiriendo que también dentro de los nuevos proyectos, se incluyen una nueva fundición y refinería porque con el material tratado en la nueva concentradora de Toquepala y la posible ampliación de Cuajone, van a necesitar más plantas de fundición y refinación.

Declaraciones que tienen como marco la filosofía empresarial y métodos capitalistas, que recomiendan en algunos casos exagerar y/o disfrazar hechos para lograr el máximo de ganancias en tanto que disminuyen al mínimo las pérdidas o gastos en cualquier actividad ajena al proceso que pueda afectar la productividad. En dicho sentido don Óscar cumple a plenitud el papel que le corresponde. Les toca a las autoridades y al periodismo supervisar y/o lograr que toda actividad económica repercuta en el bienestar colectivo, para lo cual deben estar informadas y presentar alternativas viables.

Respecto a Tía María debemos preguntarle a González Rocha: ¿Por qué dice en estos días que han invertido US$ 200 millones, cuando el año pasado en una convención minera en Canadá dijo “que al 31 de diciembre del 2018 habían invertido cerca de US$ 334 millones”, cantidad que coincide con la señalada en el Informe anual que presentan en la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos? (Al respecto cabe señalar que la Southern Copper Corporation, es una compañía estadounidense propiedad del Grupo México, en el cual el mayor accionista posee el 96.67% de las mismas.

También preguntarle, por qué en el citado informe no aparece ninguna referencia a la posibilidad de una nueva fundición y refinería en los proyectos futuros de la empresa, como si sucede en el caso de o Michiquillay, Los Chancas e incluso Tía María.

Y en cuánto a esta última: ¿al ser considerados los recursos invertidos hasta la fecha y futuros, como inversión de capital, acaso los mismos no son deducidos de los impuestos que paga al fisco la empresa, afectando con ello el canon minero percibido tanto por Tacna como Moquegua, lo que en la práctica significa que quienes acaban financiado el proyecto son tanto el Estado, como las regiones citadas? ¡Y no olvidemos que más adelante también --gracias a la “depreciación acelerada” --, serán deducidos de los impuestos los costos de las maquinarias que se compren! ¿Explotarán los sulfuros primarios y secundarios, aparte de los óxidos?

Y aquí preciso nuevamente que no soy enemigo de la minería responsable, pero considero que sí o sí se debe negociar en razón al bien común cambios fundamentales en las actuales normas, las cuales en su mayoría fueron diseñadas cuando el Perú sufría los estragos de la violencia terrorista y no era un país atractivo para la inversión. Hoy, la situación ha cambiado: los avances tecnológicos llevan solo perjuicio de desaparecer o ser absorbidas, a que las empresas reduzcan costos lo que obliga en muchos casos al reemplazo del trabajo humano por la robotización, tendencia que se incrementará en los próximos años, por lo cual es fundamental fortalecer al Estado y encontrar recursos para financiar la denominada renta básica universal, la educación y salud de calidad.