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Investigan 48 casos de corrupción registrados durante la cuarentena

Carlos Vásquez Romero

El Ministerio Público inició unas 48 investigaciones por corrupción desde el inicio de la cuarentena sanitaria.
El Ministerio Público inició unas 48 investigaciones por corrupción desde el inicio de la cuarentena sanitaria.

Entre las entidades investigadas en la región Lambayeque están 38 municipios, la Gerencia Regional de Salud, la Policía Nacional y Essalud.

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Un total de 48 investigaciones inició el Ministerio Público en contra entidades y servidores estatales de Lambayeque, al encontrar indicios de la comisión de actos irregulares.

De esta forma, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque inició pesquisas preliminares en lo que va del estado de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

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Unos 38 casos investigados corresponden a municipios por irregularidades en la adquisición y reparto de canastas de alimentos dispuesto por el Ejecutivo.

Entre los municipios con mayor número de denuncias figuran José Leonardo Ortiz con cuatro investigaciones preliminares y con dos Zaña, Lambayeque, Pacora, Motupe, San José, Puerto Eten, Pátapo, Pucalá y Pomalca.

Otros municipios denunciados son Cañaris, Pucalá, Olmos, Salas, Santa Rosa, Namballe, Cutervo, Cayaltí, Incahuasi, Jayanca, Pimentel, Chongoyape, Mórrope, Lagunas, Pueblo Nuevo y Chiclayo.

Una de las investigaciones más emblemáticas es la iniciada contra la Unidad Ejecutora N°28 de la Policía Nacional por la presunta adquisición de implementos de bioseguridad para los efectivos policiales; así como, la pérdida de medicamentos y entrega del bono en la Gerencia Regional de Salud (Geresa).

Además, en la institución educativa “Señor de los Milagros”, del caserío Chepito, Cruz del Médano, Mórrope, se investiga a los miembros del comité de entrega de alimentos de Qaliwarma por presunta apropiación de los mismos.

La fiscalía investiga también irregularidades que se habrían registrado en EsSalud por la adquisición de productos a precios por encima de su costo y la entrega de bonos extraordinarios a trabajadores de la red que realizarían trabajo remoto.