Delitos contra la flora y fauna deben ser incorporados en Ley de Crimen Organizado

Sociedad LR

En el Día Mundial del Medio Ambiente, aún se sigue combatiendo la pesca ilegal y tráfico de madera.
En el Día Mundial del Medio Ambiente, aún se sigue combatiendo la pesca ilegal y tráfico de madera.

Desde hace más de un año proyecto de ley aprobado por la Comisión de Justicia espera debate en el Pleno del Congreso. Actividades ilegales no se han detenido en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus.

De acuerdo con la entidad internacional Global Witness, cada año el tráfico ilegal de madera moviliza 112 millones de dólares en el Perú, actividad que funciona con la participación de organizaciones criminales.

Recientemente, la Unidad Internacional de Florida (FIU) detectó que el 60% de las aletas de tiburón que se trafica en Hong Kong proviene de las aguas peruanas y mexicanas, otra actividad ilícita a escala mundial que requiere la intervención de organizaciones fuera de la ley.

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Según el Servicio Nacional Forestal de Flora y Fauna Silvestre (Serfor), cerca de 90 mil animales fueron decomisados entre 2000 y 2019, lo que deja en evidencia que no son individuos o particulares sino organizaciones criminales que se dedican a la depredación de especies protegidas.

Por lo tanto, los delitos de tráfico ilegal y depredación de especies de flora y fauna silvestre, así como su extracción y procesamiento ilegal, deben ser considerados como crimen organizado, como lo plantea el proyecto de ley que el Congreso debería darle prioridad y debatirlo.

La pandemia del nuevo coronavirus no ha detenido este tipo de delitos. El 7 de mayo de este año, autoridades aduaneras de Hong Kong incautaron 26 toneladas de aletas de tiburón, y se sospecha que parte del embarque procedería del Perú, donde existen en actividad organizaciones criminales dedicadas a esta clase de contrabando.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, y en el Día Mundial del Medio Ambiente, que se cumplen cada 5 de junio, la organización internacional Oceana alentó al Congreso a incorporar los delitos contra la flora y fauna como parte de la Ley contra el Crimen Organizado (Ley 30077).

“Todos estos delitos ya están tipificados en el Código Penal, pero no están incluidos dentro de los alcances de la Ley contra el Crimen Organizado, por eso reiteramos nuestro pedido al Congreso para que priorice en la agenda del pleno la aprobación del Proyecto de Ley 3200/2018-CR, que modifica la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado”, explicó la directora de Políticas de Oceana Perú, la abogada especializada en el tema, Carmen Heck.

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El proyecto de ley sobre la materia, que tiene un dictamen aprobatorio de la Comisión de Justicia, se encuentra listo para el debate desde hace un año en el Pleno del Congreso. Solo falta que el Consejo Directivo lo ponga en agenda.

Mientras tanto, durante el periodo de estado de emergencia en el país, se han ejecutado unas 2 mil operaciones contra delitos ambientales, entre los que se encuentran la incautación de una tonelada y media de carne y aletas de tiburón, un cargamento ilegal con 11 mil peces amazónicos y una planta ilegal de conservas de pescado.

Millonarias ganancias con el comercio y tráfico ilegal de especies marinas

El comercio ilegal de especies silvestres es el cuarto comercio más lucrativo del mundo y es considerado un crimen organizado en todo el mundo, según la Oficina de Naciones Unidas contra el crimen y drogas (UNOCD).

A escala mundial la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), representa hasta 26 millones de toneladas del pescado capturado anualmente, cuyo valor oscila entre 10 mil y 23 mil millones de dólares, de acuerdo con información de la FAO.

Mientras que en el Perú la pesca ilegal genera pérdidas entre 261 y 426 millones de dólares anuales. “Con la aprobación del proyecto de ley en el Congreso de la República se proporcionaría al Estado peruano herramientas legales más efectivas para hacer frente a estos delitos, como, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, la inhabilitación de funcionarios públicos implicados, la cooperación o la asistencia internacional”, detalló Carmen Heck.