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Sociedad

Chiclayo: UGEL da ultimátum a colegios privados para entregar información sobre sus gastos

Si no entrega información o los datos son falsos, entidad podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra instituciones educativas.

Director de la UGEL Chiclayo, Angel Salazar Piscoya.
Director de la UGEL Chiclayo, Angel Salazar Piscoya.

Coronavirus en Perú. La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Chiclayo dio un ultimátum a las instituciones educativas privadas, debido a las constantes denuncias de padres de familia sobre el cobro excesivo de pensiones.

A través del oficio múltiple n.° 00071-2020, dio un plazo de tres días calendarios para que los promotores o directores de estos colegios presenten ante la UGEL evidencias de haber cumplido con informar a los padres de familia sobre sus gastos para brindar el servicio educativo.

Como se recuerda, el Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo n.° 1476 donde se dieron una serie de medidas para garantizar la transparencia y la continuidad de la enseñanza no presencial en estos colegios privados teniendo en cuenta la emergencia nacional por el coronavirus.

Por ese motivo, el director de la UGEL Chiclayo, Ángel Salazar Piscoya, requirió a estos colegios que envíen información sobre el costo de cada una de las prestaciones que brindan de manera presencial y no presencial, así como las modificaciones realizadas al contrato suscrito con los padres de familia.

Las instituciones educativas que no presenten las evidencias hasta el domingo 17 de mayo podrían ser sometidas a un procedimiento administrativo sancionador, pero además se informará al Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual (Indecopi) a fin de que proceda de acuerdo a sus atribuciones. ¿Y cómo saber si la información entregada es real?

Según explicó Salazar, los padres de familia o la misma UGEL pueden solicitar el balance económico 2019 del colegio para compararlo con los gastos indicados para este año. Si se encuentra falsedad en la información, la UGEL iniciará un proceso administrativo que podría terminar con una sanción de hasta 50 UIT, además de las acciones penales que correspondan.

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