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Sociedad

Machu Picchu: tren local trasladó a 5.118 pasajeros durante el estado de emergencia

MTC anunció que el transporte ferroviario se redujo al 50 % y que este continuará operando con ciertas restricciones.

Concesionario Ferrocarril Transandino también traslada residuos sólidos para evitar generación de focos infecciosos.
Concesionario Ferrocarril Transandino también traslada residuos sólidos para evitar generación de focos infecciosos.

Tras la alentadora noticia de que la Ciudad imperial ya no registra pacientes con coronavirus en las Unidades de Cuidados Intensivos, se dio detalle que el servicio local del tren, que une Ollantaytambo-Machu Picchu Pueblo —en la región Cusco— transportó a 5.118 pasajeros locales durante el Estado de Emergencia Nacional.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) expresó que esta cantidad se dio en el intervalo de la primera quincena de marzo al 4 de abril. Agregó, que el servicio operó solo con el 50 % de la flota a raíz de las restricciones emitidas por el Gobierno.

Además, durante este periodo, la empresa ferroviaria PeruRail, permitió el traslado de las fuerzas del orden (Policía Nacional y Ejército), así como del personal médico, respectivamente.

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Por otro lado, se informó que el transporte de alimentos y productos de primera necesidad para la localidad de Aguas Calientes se mantiene con normalidad. Asimismo, fueron 73.472 kilos de víveres que abasteció la población de Machu Picchu Pueblo en los primeros 30 días de la declaratoria de Emergencia Nacional.

Cuestionadas gestiones de alcaldes en la región Cusco

Las gestiones de los alcaldes de Wanchaq, David Mormontoy; de San Sebastián, Mario Loayza; y de San Jerónimo, Albert Arenas, (en la región Cusco) se han caracterizado por impulsar medidas para evitar las aglomeraciones en mercados, limpieza y desinfección y alguna otra acción de apoyo a favor de los ciudadanos.

En el caso de Arenas y Loayza apareció una denuncia sobre la entrega mal focalizada de las canastas de víveres. Según la queja, que ya estaría en manos de la Fiscalía, hay un grupo de beneficiarios que no son precisamente personas vulnerables como dispone el decreto supremo. La población considera hubo favoritismo en la selección de las “familias vulnerables” y faltó transparencia en la adquisición de productos de primera necesidad.

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