Cachetadas e inconductas de la gente
Los ciudadanos y fuerzas del orden deben cumplir la ley.
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El recorte de libertades individuales por el beneficio del interés colectivo –como es obvio que se requiere para enfrentar al coronavirus– exige la observación estricta de las limitaciones particulares establecidas por el gobierno a pesar del enorme esfuerzo que ello significa, así como la verificación y exigencia de su cumplimiento por la autoridad, pero de acuerdo con la ley y sin cometer ningún exceso.
El recorte de libertades ciudadanas se justifica plenamente. Desde un punto de vista económico, cuando un comportamiento individual de producción o consumo genera efectos dañinos para la sociedad que no están incorporados en sus costos, se requiere una intervención del estado para limitar esas conductas particulares.
Desde un punto de vista del sentido común, estos recortes se explican sin mucho esfuerzo, y por eso carecen de validez quienes defienden su derecho a circular e, incluso, hasta de infectarse, pues eso pone en riesgo al resto. Eso es tan claro que el 95 % y el 96 % apoyan, según Ipsos, la cuarentena y el toque de queda, respectivamente.
Eso ocurre a pesar del enorme esfuerzo de las personas para cumplir esas limitaciones, y no me refiero con eso a dejar de hacer ejercicio o ir a un parque, sino al gravísimo problema de no tener ingresos en una sociedad donde la amplia mayoría vive ‘al día’.
Las fuerzas del orden –policiales y militares–, por su parte, están haciendo un valioso y sacrificado esfuerzo para que se cumplan estas restricciones que contribuyen al bien común, y poniéndose en riesgo no solo al coronavirus sino a inescrupulosos como el que atropelló y mató en Ilave al soldado Ronald Mamani en un atropello mientras cumplía su valiosa labor, un hecho terrible que produce gran indignación.
Pero esa misión de las fuerzas del orden nunca justifica que la autoridad se exceda, como lo hizo el capitán EP Christian Cueva Calle, quien cacheteó a un menor en Sullana el sábado pasado, por lo que es muy correcta la decisión del comando conjunto de la FF.AA. de sancionar lo ocurrido, aunque hoy lo defiendan muchos ciudadanos acostumbrados a pegar o a que les peguen para obedecer, así como autoridades ‘democráticas’ interesadas en ganar popularidad a costa del coronavirus.
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