Prevenir

El Gobierno haría lo correcto si, en el marco de las prácticas de prevención ante los contagios de coronavirus en el país, posterga el inicio del año académico en los colegios estatales e institutos y universidades públicas, y evaluara un protocolo en el caso de las actividades de centros de enseñanza que ya iniciaron sus actividades en la primera semana de marzo.

Una medida de esa magnitud no sería ni exagerada ni gravosa. Al contrario, le daría contenido a la palabra prevención porque permitiría una menor concentración de personas en los centros de enseñanza, la disminución de la afluencia de pasajeros en los vehículos de transporte público, una mejor capacidad de acción para concentrarse en combatir los contagios de primera y segunda mano de los casos “importados”, y realizar un trazado de la tendencia de los contagios.

Es cierto que al adoptar esta decisión se generaría un grado de dificultad en las familias, especialmente aquellas en las que los miembros adultos trabajan fuera de casa en las horas del dictado de clases y que al terminar el período vacacional habían realizado los arreglos respectivos para el inicio del año escolar. No obstante, ponderando los riesgos, se trata de garantizar por la vía de la prevención un menor impacto de los contagios para un retorno más rápido a la normalidad.

Más de 6 millones de escolares dejarían de acudir a las aulas, a los que se sumaría un millón, aproximadamente, de estudiantes de universidades e institutos superiores. Esto significa que el 25% de la población estaría en una situación menos expuesta que en la que estuvieron los estudiantes de Italia y España, países donde se registran mayores pérdidas en las últimas horas. Paraguay, con una tasa de menor contagio, ha suspendido las labores académicas por dos semanas.

Tenemos una experiencia acumulada de suspensión de clases o postergación por diversas razones, de modo que no implicarían mayores problemas para la recuperación de clases. Esta decisión debería ser acompañada por el despliegue de directivas en el ámbito laboral para que las actividades de prevención no se circunscriban al hogar, sino se extiendan a la empresa y a los servicios. Los ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo, Transporte, del Interior y las municipalidades concentran una cuota de regulación y supervisión que no debería ser desaprovechada. Las informaciones de otros países son muy claras respecto a que la situación sanitaria provocada por el coronavirus no es de exclusiva responsabilidad del sector Salud.