Fiscal del caso Solsiret va por nuevas pruebas para dar con culpables

Andrea Aguirre y Kevin Villanueva, presuntos responsables de la muerte de Solsiret Rodríguez Aybar, ya cuentan con prisión preventiva, pero para el despacho fiscal a cargo del caso no serían los únicos responsables. Por ello, las investigaciones ahora apuntan a seguir encontrando mayores elementos de convicción que sirvan para formular de manera precisa la acusación.

“Faltan restos óseos por recuperar que nos podrían dar más datos de cómo fue realmente la muerte: desde el grado de ferocidad, la forma de segmentación, los objetos usados, entre otros. Lo bueno del actual Código Penal es que nos permite a los fiscales recalificar el delito o postular por otra figura. En este caso, la prisión preventiva fue solicitada por el delito de homicidio calificado que alcanza una pena no menor de 15 ni mayor de 35 años. Más adelante, si las pruebas así lo determinan, también se podría variar la figura a la de feminicidio”, señala Jimmy Mansilla, de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao.

Según el fiscal, para que nuevos implicados sean considerados en la investigación, las sospechas de la Fiscalía deben estar confirmadas, solo así se podrían abrir investigaciones y solicitar más detenciones preliminares.

Fiscal da su descargo

La fiscal María Magdalena Quicaño Bautista, quien tuvo en un primer momento el caso de desaparición de Solsiret Rodríguez, se defiende de los cuestionamientos hechos por la familia de la víctima que descalifican su actuación.

"Por respeto a los deudos no voy a confrontar lo que han dicho los familiares, sin embargo, sí debo manifestar que se actuó conforme a ley. El caso era muy complejo y requería mayor cantidad de actos de investigación. El caso nunca fue archivado porque dispuse que se siguiera investigando, por eso es que, con los indicios logrados, el fiscal Mansilla ha podido resolver en esta etapa", señala la fiscal.

Y agrega que uno de los inconvenientes que tuvo durante su investigación, pese a que solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones, fue no contar con la información de las empresas de telefonía móvil de forma rápida.

“Actualmente, estoy bajo investigación administrativa y me encuentro en proceso de emitir mis descargos. Todo lo actuado justamente forma parte de mi descargo”, afirma.

El proceder de las empresas

Mansilla y Quicaño coinciden en que las empresas de telefonía deben ser conscientes de lo importante que es entregar información. “Las empresas acatan la orden judicial, pero las empresas atienden las solicitudes por orden de llegada, cuando debería ser por orden de gravedad y urgencia de los casos”, sostienen.