Arequipa: Trabajo comunitario o cárcel

Wilder Pari

Los primeros rayos del sol intentan vencer a las nubes en esta brumosa mañana arequipeña. Es sábado y, en las calles del distrito de Mariano Melgar, treinta personas con chaleco amarillo retiran afiches pegados en los postes. No es un trabajo remunerado, sino el cumplimento de su sentencia. En el grupo está Pedro (34), quien estuvo en la cárcel de Socabaya acatando una pena de seis años por homicidio simple. El accedió a beneficios penitenciarios, que le permitirán culminar su condena fuera del reclusorio a cambio de trabajos comunitarios.

Pedro forma parte del programa Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que supervisa el cumplimiento de estas jornadas que reemplazan a las rejas. Pueden acceder sentenciados con penas suspendidas (menores a cuatro años) o presos con condenas inferiores a seis años, que obtuvieron beneficios penitenciarios.

A Pedro, el juez le varió el resto de la condena (dos años) a 101 jornadas. Cada una equivale a diez horas de trabajo. Fue el 2014, cuando participó en una gresca acompañada de alcohol, que terminó con un fallecido. “Fue involuntario, ahora bebo menos”, dice. Ya en las calles, trabaja como taxista para sostener a su familia. Los sábados cumple su sentencia en diferentes distritos con la cuadrilla de limpieza.

Las jornadas de trabajo se cumplen en entidades estatales (unidades beneficiarias) que suscriben convenios con el INPE. La mayoría son municipalidades. La comuna de Mariano Melgar recibe a 50 sentenciados. La mayoría se ocupa de parques y jardines o de limpieza. Otros pocos hacen labores de oficina.

La directora regional del INPE, Roxana Sonco Manchego, señala que evalúan el perfil del sentenciado antes de destinarlo a una entidad beneficiaria y encargarle una tarea. Un condenado por tocamientos indebidos no sería referido a un colegio, por ejemplo.

Se mantienen impunes

En Arequipa, 2 115 personas tienen una sentencia convertida a jornadas de trabajo comunitario. Del total, 138 son exreos con beneficios, como Pedro. Un 90% de ellos las cumple. Sin embargo, de las 1 981 personas con sentencias suspendidas, más de la mitad (1 143) se mantienen impunes y faltan a estos trabajos. El Decreto Legislativo 1 191 precisa que es responsabilidad del juez dar seguimiento. En caso que un reo incumpla, puede ordenar su reclusión.

Según Roxana Sonco Manchego, el INPE informa al juez sobre estos incumplimientos. Se buscará una reunión con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa para tratar la problemática de la impunidad.

El abogado penalista Juan de Dios Medina señala que también hay responsabilidad del Ministerio Público, pues este debe exigir que se cumpla la pena. Añade que muchas veces son los agraviados quienes deben reclamar por su ejecución.

Diferentes beneficios

Dentro del INPE, consideran a la conversión de penas una medida necesaria, pues tienen sus cárceles repletas. En el penal de Socabaya, hay 2 300 presos, cuando su capacidad original es para 600. Bajo esa misma lógica, el Estado dispuso en enero la conversión de penas a los omisos a la asistencia familiar.

Al mismo tiempo, se consigue un ahorro al Estado. Por día, se invierte 42 soles por encarcelado.

La encargada de Medio Libre, Juana Chávez, precisa que las jornadas también evitan que personas con delitos leves convivan con reos más peligrosos y terminen corrompiéndose (contaminación criminógena).

Por ejemplo, en la jornada de ayer, había personas con delitos menores, como conducción en estado de ebriedad.

No obstante, más allá de los beneficios económicos, las funcionarias del INPE señalan que el fin primordial es la reinserción del sentenciado en la sociedad. Para Juan de Dios Medina, esta resocialización no se logrará, mientras haya sentenciados en la impunidad. “Ellos no han entendido que cometieron un delito y un daño a la sociedad”, señala.