Proyecto Especial Tacna quiere sanción para fiscal
Caso Vilavilani. Fiscalía Especializada en Materia Ambiental cuestionó certificados del proyecto hídrico tacneño. Según gerente del PET, se faltó al debido proceso.
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Liz Ferrer Rivera
La Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) inició una investigación preliminar administrativa al fiscal especializado en materia ambiental Elmer Gárnica Bustinza por el plazo de 30 días. Esto, a raíz de una queja interpuesta por el Proyecto Especial Tacna (PET). La decisión se dio a conocer a través de la Resolución N.º 01-2020-MP de fecha 30 de enero, firmada por el fiscal adjunto superior Flavio Carpio Medina, responsable de la Comisión de Investigación Preliminar de la ODCI.
La razón de la queja proviene de los cuestionamientos que realizó el fiscal al proyecto hídrico Vilavilani. El PET es ejecutor de Vilavilani, el cual consiste en la captación de aguas del ande para dar solución a la escasez hídrica en la ciudad. El proyecto ha sido cuestionado por la provincia de Tarata, donde se construirá el canal de Vilachaullani. Este componente servirá para el traslado de un caudal del río Ancoaque hacia los reservorios de la ciudad.
El fiscal Gárnica, el 27 de diciembre, emitió el Oficio N.º 275; en el cual se señala que la certificación ambiental de Vilavilani no está vigente y recomienda al PET no iniciar Vilachaullani. “Por lo cual, se aprecia que la certificación ambiental agraria emitida en abril de 2014 no se encuentra vigente a la fecha, al haber transcurrido más de cinco años desde su emisión (del proyecto Vilavilani II-Fase I )”, dice de forma textual el oficio emitido por el fiscal.
El gerente general del PET, Richard Peñaranda Pacho, sostuvo que lo aseverado por el fiscal era falso. Cuestiona cómo el fiscal se atrevió a afirmar ello el día 27, pero, recién el día 31, a través del Oficio N.º 282-2019, solicitó las copias certificadas del íntegro del estudio de impacto ambiental. "Vulneró el debido proceso. Afirmó que no teníamos la certificación ambiental vigente, pero después nos pide documentación sobre ello", dijo Peñaranda.
Agregó que el fiscal también aseveró en su oficio que la Consultora Atlantis Ingenieros Consultores, empresa que realizó el estudio de impacto ambiental de Vilavilani, no estaba inscrita en el registro de entidades autorizadas para esa labor. Cuestiona que esa afirmación se realizó solo revisando la web del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Seneace).
Peñaranda aclaró que, cuando la consultora ganó la buena pro del estudio en el 2009, el registro de este tipo de entidades lo realizaba el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena).
El gerente del PET realizó ayer una rueda de prensa para dar detalles de este tema, acompañado del gerente general del Gobierno Regional de Tacna, Eddy Huarachi Chuquimia. Afirmó que, con la difusión del oficio de la Fiscalía, generó una mala imagen a Vilavilani, proyecto que ya enfrenta cuestionamientos en Tacna y Puno. Esta región limita con la zona de influencia.
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