Defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas corren peligro en el Perú, según relator de la ONU

Michel Forst, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llegó al Perú como parte de una misión especial para analizar la situación de los defensores de derechos humanos.

La visita tuvo lugar desde 21 de enero hasta el pasado 3 de febrero y contó con reuniones y visitas a comunidades en Lima, Piura, Madre de Dios, Cuzco y Ucayali.

Durante su visita oficial al Perú, el Relator Especial de la ONU, Michel Forst sostuvo reuniones con representantes de ministerios, vicegobernadores e instituciones estatales; así como con 475 defensores de derechos humanos en Lima, Piura, Madre de Dios, Cuzco y Ucayali, donde el 40% eran mujeres.

El objetivo principal de esta misión fue evaluar si el Perú es un país seguro para los defensores de derechos humanos en base a una serie de elementos que garantizan un ambiente propicio para estos activistas: un marco jurídico e institucional eficiente, fácil acceso a la justicia, la existencia de una institución nacional de derechos humanos independiente y consolidada, políticas públicas que protejan a los grupos en situación de riesgo, la aplicación del enfoque de género, entre otros.

''Me han conmovido profundamente todos los testimonios recibidos de los defensores y defensoras de derechos humanos, y especialmente de los pueblos indígenas, las comunidades locales y campesinos quienes me contaron que suelen ser objeto de amenazas, hostigamiento, intimidación, criminalización y ataques físicos. En muchos casos, señalaron que se les calificaba de ‘enemigos del Estado', ‘antigubernamentales’ o ‘contra el desarrollo’ si se oponían a los proyectos de desarrollo’’, indicó Forst.

En base a estas declaraciones, el Relator llegó a la conclusión de que el Perú no es un lugar seguro para los defensores de derechos humanos, especialmente las mujeres que luchan por sus derechos, los pueblos indígenas que defienden el medio ambiente como Máxima Acuña, así como los periodistas, donde destacó el caso de Paola Ugaz y las denuncias impuestas por afiliados al grupo Sodalicio, y miembros de sindicatos.

Este resultado se basa en la ''falta de reconocimiento, estigmatización y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, los obstáculos al disfrute del derecho a la protesta y a la libertad de expresión, y la respuesta ineficiente de las autoridades ante las violaciones de derechos humanos '', según indica la Declaración de Fin de Misión escrita por Forst y que fue difundida en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.

En ese sentido, el Relator invocó al presidente Martín Vizcarra y al Gobierno del Perú a ''adoptar un mecanismo multisectorial para la protección de las personas defensoras, cuya adopción está actualmente prevista en el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos para 2021′'.