Tía María: el conflicto que dividió a los arequipeños
BALANCE. El representante del Defensor del Pueblo hace un balance de lo ocurrido con Arequipa en 2019. Fue un año muy malo. Ese saldo adverso lo encabezan Tía María, la violencia a la mujer y obras inconclusas y con sospechas de corrupción.
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Juan Carlos Soto (aporte de Mónica Cuti)
El escritor Alonso Cueto sostiene que en situaciones límite brota la identidad verdadera de las personas. Y a veces aflora lo peor. En 2019, Arequipa se dividió por el conflicto de Tía María, que rechaza la explotación de dos minas de cobre en Islay. Defensores y opositores se verduguearon con el arma del racismo.
El representante del Defensor del Pueblo, Ángel María Manrique Linares, lamenta que algunas autoridades agitaron esa bandera. Eso multiplicó la crispación. Manrique Linares le dio un jalón de orejas al gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, para que modere discursos encendidos. En La Joya, la autoridad acusó a los dirigentes de recibir sobornos de Norteamérica. En el valle de Tambo afirmó que gobernaba para los provincianos y no pitucos.
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Los defensores de la minera tampoco se quedaron atrás. Manrique citó el caso de un colectivo que defendió la inversión minera como si fuese una cuestión de blancos, cholos o serranos. Manrique concluye que el 2019 fue un año pésimo para Arequipa. Además de los conflictos, lamentó la ineficiencia de las autoridades para concluir algunas obras y que sobre ellas se tejió sospechas de corrupción. Citó el caso de los hospitales de Camaná, Caravelí y La Unión inconclusos. Cuestiona el retraso en las obras de la calle San Juan de Dios-Jerusalén. Eso causó el malestar de los vecinos con la autoridad.
Le hizo varios exhortos al gobernador de Arequipa respecto a discursos racistas.
La principal responsabilidad de una autoridad es respetar la dignidad de las personas. Lamentablemente, algunos enarbolaron la discriminación por nacionalidad o raza.
Pero Cáceres también denuncia discriminación por ser “provinciano”.
Quien levante la bandera racial genera violencia y también recibirá violencia. Una autoridad debe buscar la unidad de la sociedad.
Le insisto: ¿Cáceres es una autoridad discriminada?
La discriminación debe rechazarse venga de donde venga. Los ciudadanos que ejercen bien su ciudadanía no pueden aceptar discursos de ese tipo. Hay muchos actos racistas en la sociedad arequipeña.
¿Las autoridades estuvieron a la altura del conflicto?
Hubo ausencia del gobierno local y nacional. Faltaron actores que brindaran condiciones para el diálogo.
La empresa reinició sus actividades de acercamiento social en el valle de Tambo. ¿Es contraproducente o saludable?
El gobierno nacional debe proponer una agenda concreta de desarrollo de Islay y para eso actuar de forma transparente e incluyendo a todos los actores.
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Tía María es un conflicto latente sin solución que escaló a otras provincias. Las protestas llegaron a la ciudad de Arequipa y se expandieron a Castilla, donde un grupo de pobladores se opone al proyecto minero Zafranal. Hubo un efecto de contagio. No son los únicos problemas, a la Defensoría le preocupa el avance de la minería informal. Esta tiene territorios liberados sin autoridad atestados de prostíbulos, los desagües que circulan en las calles, inseguridad. Hay puntos críticos: Secocha, Río Grande, Caravelí y Condesuyos. Y el 2019 fue un año marcado por la violencia familiar, siete feminicidios y miles de denuncias. Manrique advierte un empoderamiento mayor a las mujeres, empero contra eso hay una actitud reactiva, el aumento de la violencia. Eso obliga a mejorar la estrategia desde la educación, salud, etc. La reducción dependerá de estrategias claras y un sistema de justicia que evite los mensajes de impunidad, de lo contrario, los agresores continuarán cometiendo delitos.
No obstante a la campaña a favor de la mujer, la violencia contra ella se incrementó.
No es un problema de policías sino de sociedad. Apostamos por una educación con enfoque de género de derechos y oportunidades a la mujer. Una buena ciudadanía con cero tolerancia frente a la violencia. Esto no se resuelve con normas ni sentencias, sino empoderando los derechos humanos de todos.
El enfoque de género se plantea desde el colegio, pero hay sectores que rechazan el currículum escolar.
Las posiciones machistas son históricas. Hay sectores que aún quieren mantener esa imagen patriarcal de la sociedad por intereses personales, políticos. Pero hay avances: el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, denegando la demanda contra del currículum nacional. Asimismo, las políticas del Ministerio de Educación y Ministerio de la Mujer. Pero la cultura machista seguirá estando porque defiende varios intereses.
Sobre la violencia contra la mujer, ¿que posición tiene respecto a las acusaciones contra el gobernador Elmer Cáceres?
Es un mensaje positivo que el gobernador separe a su asesor por agresión a su pareja, eso sí hay que resaltarlo. Una persona que trabaja en el Estado tiene un deber ético en defensa de los derechos. La otra cara de la moneda es que la instancia regional de prevención contra la violencia a la mujer solo funcionó dos veces. Como autoridad, Elmer Cáceres debe dar ejemplo de diálogo y el respeto para todas las personas.
¿Se sigue con la idea de que al gobernador no le interesan esos temas porque no asistía a las reuniones?
Los resultados del 2019 son terribles. Esta instancia regional solo tuvo dos reuniones, cuando el año pasado hubo 7 feminicidios y más de 18 mil denuncias y empezamos el 2020 con 2 feminicidios. Entonces se debe tener una actitud responsable.
¿Qué se puede promover desde esa instancia para tratar de bajar esta tasa?
Primero fortalecer los presupuestos, políticas de salud mental, hacer los trabajos coordinados desde los CEM, Ministerio Público, comisarías, las denuncias serán mejor atendidas y se tendrán mejores resultados.
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