Este jueves empieza cierre de más de 260 ‘colegios’ ilegales: SMP y Ate encabezan lista en Lima

Desde hoy, 264 ‘colegios’ privados ilegales, es decir que no cuentan con ninguna autorización para operar, serán clausurados de manera definitiva por el Ministerio de Educación (Minedu).

Estos establecimientos que operan en 22 distritos de Lima Metropolitana atienden entre 2 mil y 4 mil alumnos. Por ello, hasta que concluya su proceso de cierre –previsto para marzo próximo–, los menores deberán ser reubicados en instituciones públicas o privadas autorizadas.

Esta medida se aplica en el marco del Decreto de Urgencia Nº 002-2020 publicado ayer en El Peruano, el cual establece medidas para la lucha contra la informalidad en la educación privada. Su reglamento deberá estar listo en un plazo no mayor a 180 días.

“El sector no tenía la facultad para cerrar estos locales. Hoy existen en Lima y seguramente en otras 6 ciudades. Estafan a los alumnos y a sus familias”, dijo la titular del Minedu, Flor Pablo, quien dijo que antes esta medida solo era posible por la vía judicial.

Los distritos en Lima

Hasta el 2018, a través de inspecciones de Indecopi, municipios y el Minedu, se identificaron 264 ‘escuelas’ ilegales en Lima (la mayoría de educación inicial), cuya mayor parte está en San Martín de Porres (41), Ate (36), Independencia (17) y San Juan de Miraflores (16).

En estos casos no solo se procederá al cierre, sino que sus dueños serán multados hasta con 430 mil soles (100 UIT) y serán denunciados por estafa.

Otras instituciones privadas que están en la mira son las 1.315 'informales', las cuales sí tienen autorización, pero brindan un servicio diferente al permitido o en locales distintos a los registrados. Su población supera los 40 mil alumnos. Durante el 2020 se buscará que se formalicen, si no lo hacen, se procederá a su cierre.

Pero eso no es todo. En el interior del país, la oferta privada se concentra en Arequipa, Callao, Chiclayo, Trujillo, Huancayo y Piura. Ahí, a la fecha, aún no se han identificado colegios sin autorización, por lo que las Direcciones Regionales de Educación y las UGEL –a cargo del proceso– deberán “barrer su zona, ubicar estos servicios e iniciar los procesos de cierre o de formalización”, según explica Daniel Anavitarte, titular de la Dirección de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu.

Si hay estudiantes afectados, se procederá con su reubicación hasta antes del 16 de marzo, cuando inician las clases. Ellos serán incorporados al programa Lima Aprende, dirigido a menores fuera del servicio educativo. Este incluye dobles turnos y permite conseguir cupos en colegios públicos. No obstante, si prefieren uno privado, se les dará opciones de planteles cercanos y se les apoyará en la respectiva matrícula.

Los alumnos deberán rendir una prueba de ubicación según su edad. Si la aprueban, se certificará que tienen competencias para el grado evaluado. Y si no lo hacen, llevarán otra vez el año.

La ministra Pablo señala que los cierres serán el resultado de una supervisión en la que, además, se evidencie que estos locales no cumplen con condiciones básicas. Entre estas se encuentran las de infraestructura, personal directivo y docente sin antecedentes penales o policiales y currículo.

Sobre el decreto de urgencia, el presidente del Consejo Nacional de Educación (CNE), César Guadalupe, destaca –a título personal– que el Minedu ya tenga competencia sobre los ‘colegios’ ilegales. “Será importante que se extienda en el sector público. La UGEL no puede gestionar y supervisar a la vez en ese sector. Se apunta a la implementación de una entidad independiente que fiscalice”.

Directores y dueños sin antecedentes

El decreto de urgencia, que modifica la Ley de Centros Educativos Privados, exige que los promotores y directores de los colegios particulares no deben tener antecedentes penales ni judiciales. Tampoco deben estar implicados en delitos como violación o terrorismo.

Si el promotor solicita autorización de funcionamiento y la DRE no le responde, esta resultará negativa. Antes era lo contrario (positivo).

Los colegios deben informar el monto, número y fecha de pago de pensiones; así como cuota de matrícula y de ingreso, al menos 30 días antes del proceso de matrícula. También antes del fin de año deben informar sobre aumento de pensiones.

La cuota de ingreso otorga el derecho a obtener una vacante y permanecer hasta culminar sus estudios. Su pago se da solo una vez y debe ser devuelto de manera proporcional cuando el alumno se retira, salvo que exista una deuda.