COP25: demandan implementación del Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú se encuentra entre las demandas sociales de países como Colombia y Chile, por lo que no podía faltar su discusión en la COP25, la máxima cumbre contra el cambio climático.

Para Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y excomisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y presidenta de la organización The Elders (socios globales en la promoción del Acuerdo de Escazú), este instrumento “coloca a los derechos humanos en el centro de la lucha contra la crisis climática”.

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El Acuerdo de Escazú proporciona información a las comunidades más vulnerables, fomentando su participación en las decisiones ambientales y fortaleciendo el camino hacia la justicia ambiental. Además, se ha convertido en la respuesta a los jóvenes, quienes han tomado las calles demandando cambios y acciones de justicia climática, puntualizó.

Por su parte, Joseluis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indicó que no solo es posible avanzar en la acción climática con buenas políticas públicas, es necesario incrementar la participación social.

De esta manera, el Acuerdo de Escazú es el pilar para lograr una transición justa, que dé a la gente dignidad sin atentar con los derechos laborales y humanos. Informó que desde la CEPAL, una vez entre en vigor Escazú, se dará especial énfasis a los pueblos indígenas y a las mujeres en la participación del ejercicio del Acuerdo.

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En representación de los pueblos indígenas, Adolfo Chávez, coordinador del Área de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), demandó a los Estados de América Latina y el Caribe la pronta implementación del Acuerdo de Escazú, ya que se trata de un instrumento vital para el trabajo de las y los defensores de tierra, territorio y ambiente.

Asimismo, mencionó que la COICA se suma proceso de implementación de Acuerdo y que cuentan con unos mínimos para su involucramiento y el fortalecimiento de la justicia ambiental. Una de sus acciones inmediatas ha sido publicar el Acuerdo para sus bases nacionales.

“Perú, junto con Colombia y Brasil, está entre los ocho países de la región más peligrosos para los pueblos indígenas y ciudadanos que defienden el ambiente, la tierra y el territorio, según informes de Global Witness o Front Line Defenders”, indicó Aída Gamboa, de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Por ello, se vienen promoviendo iniciativas para fortalecer la implementación del Acuerdo, como el Observatorio de Justicia Ambiental del Poder Judicial y la aprobación del Protocolo del Defensores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, aún Perú necesita ratificar el acuerdo, proceso que se encuentra detenido en el Congreso peruano tras el proceso de elecciones de enero de 2020. Por lo que se espera que sea una agenda prioritaria el siguiente año.

Además, invitó a más organizaciones a sumarse a la “Campaña #EscazúAHORA”, que involucra sociedad civil, ciudadanos y pueblos indígenas en acciones de capacitación, articulación e incidencia para incrementar el conocimiento en la ciudadanía de esta instrumento, único en el mundo con enfoque en defensores, el cual fue un logro de sociedad civil que lo impulsó en las negociaciones.

Estas declaraciones fueron vertidas en el side event, “Advancing climate action through Escazú Agreement standards in Latin America and the Caribbean”, en el marco de la COP25.

Este encuentro fue organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), World Resources Institute (WRI), The Access Initiative, CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation, FIMA de Chile, DAR de Perú, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN de Argentina), The Elders y la COICA, con la colaboración del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).