Arequipa: Más de 50 obreros ya no vienen a declarar tras liberación de dirigentes de Construcción Civil

Mónica Cuti

La fiscal Rosmery Mendoza investigó este año dos organizaciones criminales: un presunto tráfico de menores de edad y El Ladrillo Sindical del Sur. El último caso sindica de extorsión y organización criminal a un grupo de dirigentes de Construcción Civil y la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), entre ellos José Luis Chapa y Andrés Saya.

Se les detuvo en un sonado operativo; sin embargo, el juez José Luis Vilca rechazó la prisión preventiva para investigarlos en la cárcel. Para el magistrado, la fiscal no había presentado los elementos de convicción suficientes para sustentar su solicitud.

En el caso El Ladrillo Sindical, todos los imputados ahora están libres. ¿Qué ocurrió?

La fiscalía presentó su requerimiento con los elementos recabados desde el inicio de la investigación. Aportamos videovigilancias, corroboraciones, documentos, vouchers de depósitos y tenían que ser valorados por el juzgado. Lamentablemente, tuvo una decisión no favorable, pero el caso sigue en investigación. No se valoraron elementos que presentamos, que fueron omitidos por el juez, como los vouchers.

Se cuestionaba que no se sabía a quiénes pertenecían estos vouchers porque no se pidió la identidad de los números de cuenta...

Eso es falso. Los depósitos se hicieron desde las cuentas de las empresas a favor de la cuenta del sindicato de Construcción Civil. Nosotros leímos la resolución y la impugnamos.

El juez determinó que no había elementos suficientes que acreditaran a los imputados como parte de una organización criminal.

Es una posición que el juez tomó, pero mi despacho sigue insistiendo en que tenemos declaraciones de testigos, gerentes y residentes de obra con nombre propio. Se han pagado directa y mensualmente sumas de dinero a favor del sindicato. Al respecto, hay comprobantes de pago. Qué más se necesita para probar un pago indebido.

Se cuestionó también que las escuchas usadas para la acusación no estaban bien sustentadas...

Hemos evaluado no solo las escuchas telefónicas; sí existe el vínculo, la relación y reparto de roles, y una estructura preparada por ellos. Las escuchas telefónicas no son un elemento independiente, estas tienen que acreditarse con corroboraciones y esas las hizo la policía. No se puede amparar un hecho con una comunicación telefónica, se hizo un trabajo arduo, no estamos especulando ni improvisando nada.

¿Hay quienes califican la detención como un show de la fiscalía?

No es ningún show. Hicimos nuestro trabajo. En las fiscalías de crimen organizado, estamos acostumbrados a desarticular organizaciones y obviamente se hace a través de un operativo. Un operativo es la consecuencia de nuestro trabajo. La medida se da porque existe un grave riesgo de que se pueda perder información que podamos corroborar. Ahora que el juez no ha amparado nuestras pretensiones, se discutirá en segunda instancia.

¿Se sostiene que la medida de la fiscalía forma parte de una persecución política?

Esta investigación empezó en febrero únicamente por los delitos de extorsión y organización criminal en agravio de personas particulares y empresas. Los hechos que hemos expuesto son tal cual, no hay otros adicionales que puedan vincularse a hechos externos. Como argumento de defensa de los abogados (decir que es persecución), eso es problema de ellos, pero esta fiscalía solo se basa en lo que se ha visto en las audiencias.

La fiscalía planteó prisión preventiva para cinco imputados y luego dio marcha atrás en esa solicitud, ¿por qué?

El juez, con su primera resolución, ya ha adelantado opinión. Entonces, es una pérdida de tiempo que vayamos a sustentar algo sobre lo cual él ya adelantó opinión. Estamos a la espera del resultado de la apelación para presentar los requerimientos que correspondan.

¿Los testigos están acudiendo a declarar?

No. Prácticamente, se está obstaculizando la investigación. Si las personas que siempre agreden están libres, el obrero agraviado no denunciará, son más de 50 que ya no vienen a declarar. En una obra, el 40% de obreros son sindicalizados y el 60% no, esos sesenta son agraviados y saben que no deben pagar la cuota sindical.

Había voces de posibles denuncias en su contra...

Los abogados e imputados tienen derecho a hacer lo que vean conveniente, (la denuncia) seguirá su procedimiento, no hay nada que hacer al respecto. Yo sigo con mi trabajo.

También fue criticada anteriormente por el caso Los Desalmados del Tráfico Humano, donde la mayoría de acusados fueron liberados.

Una investigación no tiene que ver con la otra, solamente quiero hacer mención de que yo tengo mucho compromiso con mi trabajo. La investigación había seguido su camino y nosotros llegamos muy lejos, justamente ese fue el problema.

¿Siente que fueron derrotas?

Yo tengo un compromiso con mi trabajo, soy consciente de lo que hago, no caí en ningún tipo de cuestiones políticas ni nada. No estoy derrotada, porque creo que hago lo correcto, actúo de acuerdo a lo que investigué. La respuesta del juez, no digamos del Poder Judicial porque hay excelentes jueces, no la comparto. Todos estamos sometidos a presiones y amenazas, y no tenemos por qué actuar de manera diferente a nuestra función. El que no esté preparado para asumir sus funciones que renuncie.

¿Tiene miedo tras las amenazas?

Gracias al buen criterio del presidente de la Junta de Fiscales, Franklin Tomy, y mi coordinador, Jorge Chávez Cotrina, me siento respaldada por mi institución, no por todos obviamente. Y como persona, siento miedo. Las amenazas fueron públicas en contra mía, pero yo me debo a esta función. El día en que no me deba a esto, lo diré, pero no actuaré incorrectamente.