Caso Ladrillo Sindical del Sur: “Juez no analizó caso a fondo para detención de dirigentes”

02 Dic 2019 | 6:40 h
Investigado. Para el abogado Héctor Herrera, fiscal también pide prisión preventiva.

Arequipa. Abogado Héctor Herrera criticó procedimientos de juez y fiscal por el caso El Ladrillo Sindical del Sur.

Edwar Quispe

El derecho a la libertad de las personas está amparado en la Constitución. Para suprimirla por orden judicial ante la comisión de un delito, se deben tener varios elementos sólidos. Este es el argumento del abogado Héctor Herrera, para criticar el actuar de jueces y fiscales por los detenidos en las protestas contra el proyecto Tía María en Islay y por el caso de la pregunta organización criminal El Ladrillo Sindical del Sur.

Por esta última se investiga a dirigentes de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, como José Chapa, y del gremio de Construcción Civil, Andrés Saya; y hasta al propio Herrera. Se les acusa de extorsionar a constructoras.

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El último jueves, el juez de Investigación Preparatoria, José Vilca Conde, desestimó el pedido de prisión preventiva por 36 meses sustentado por la fiscal Rosmery Mendoza para 11 dirigentes, entre ellos Chapa y Saya.

¿Por qué el juez desestimó la prisión preventiva, si él mismo aprobó la detención preliminar de los implicados? Para Herrera, el magistrado no analizó a profundidad el pedido de la fiscalía.

“No entiendo por qué no se estudió a fondo el pedido fiscal. No se debió dar los 9 días de detención preliminar. Los jueces no deben analizar esto en una sesión, sino en 4 o más, para encontrar los indicios”, explicó.

Vilca aceptó la detención y luego la fiscal pidió la prisión preventiva para los 11. El juez escuchó a las partes durante 5 días. Al final, desestimó la prisión preventiva para todos. No aprobó ninguno de los graves y fundados elementos de convicción, como interceptaciones telefónicas, conversaciones de WhatsApp, denuncias policiales y declaraciones de testigos.

Para Herrera, asesor legal de Construcción Civil, los fiscales se han convertido en una especie de verdugos cuando su labor es defender la legalidad.

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Apelaciones y denuncias

El Ministerio Público, en un comunicado, anunció que apelará la decisión del juez. Respecto a esto, Herrera indicó que obtendrían el mismo resultado, pues no tiene conocimiento de nuevos argumentos o pruebas.

Para el abogado, los detenidos cumplen con los presupuestos legales de arraigo familiar, domiciliario y laboral. En cuanto a sindicar a José Chapa como líder de la organización y que actúen bajo su mando, no fue establecido claramente. "Ella ha demostrado una incapacidad total del conocimiento de material penal y ha creado una estructura que no existe", dijo.

El letrado confirmó la queja ante el Órgano de Control Institucional de la Fiscalía contra Rosmery Mendoza y un pedido de nulidad del proceso, por haberse violado el debido proceso al privar a los investigados del derecho de la libre elección de su abogado.

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