Dos años y aún no se da la venta del cannabis medicinal

Alivio. Aydé Farfán, del colectivo ‘Mi esperanza brota de la tierra’ ha hallado en el aceite de cannabis medicinal la solución al problema de epilepsia refractaria que sufre su hija Alexandra (19). Foto: Antonio Melgarejo.

Panorama. La Ley N° 30681 se aprobó en el 2017 y todavía no se importa, produce ni comercializa la planta con fines terapéuticos. No hay solicitudes de industrias para traer semillas al país. Colectivos siguen en la ilegalidad, pese a la norma, por la salud de sus familiares.

La República
02 Dic 2019 | 5:55 h

Por: Jésica León

A los 7 años, Alexandra empezó a padecer de epilepsia refractaria. Desde ese tiempo, ir al colegio le significaba un tormento, pues las convulsiones podían venir en cualquier momento y no podía concentrarse en las clases. A veces asustaba a sus compañeros y profesores, pero con el tiempo supieron entenderla. Casi siempre, su madre Aydé Farfán debía correr a su encuentro para llevarla al hospital. Así, Alexandra se acostumbró a tomar hasta 18 pastillas al día, aunque su salud se iba deteriorando poco a poco.

Pero ¿qué significa hoy el cannabis medicinal para la joven de 19 años? “Para mí, es salud, cambió mi vida”, responde.

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Gracias al aceite de cannabis que prepara su madre, quien fue a Chile para aprender la elaboración, su salud ha mejorado. Solo toma dos pastillas, tiene pocas convulsiones y su estado anímico ha mejorado. “Somos ilegales, estamos expuestas a intervenciones. La ley nos prohíbe cultivar, pero esta no puede ir contra la salud de nuestros hijos”, sostiene Aydé Farfán, quien lucha para que se dé el autocultivo o cultivo asociativo, pues sostiene que la importación no aliviará la enfermedad de su hija.

La Ley N° 30681 que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados fue aprobada hace dos años y su reglamento salió publicado el 23 de febrero del 2019. Sin embargo, las condiciones para que se aplique la importación y producción aún avanzan lentamente.

Esto debido a que las autoridades competentes como los ministerios del Interior (Mininter), de Salud (Minsa) y de Agricultura (Minagri) recién están implementando las disposiciones complementarias transitorias del reglamento, pese a que se fijó 60 días como plazo.

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Por lo pronto, el Mininter ha avanzado con los lineamientos que establecen condiciones y criterios mínimos de seguridad que deben cumplir todos aquellos que quieran solicitar licencias con fines de investigación, importación, comercialización y producción. En tanto, el Minsa tiene pendiente implementar la lista de los registros de pacientes, importadores, instituciones de investigación privadas y públicas y laboratorio, así como los criterios para la suspensión o cancelación de las licencias.

Seguridad y control

El Minagri ha establecido los requisitos fitosanitarios para la importación de la semilla de cannabis. A través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), las semillas serán sometidas a un periodo de cuarentena posentrada por dos meses, tiempo que el Senasa verificará que estén libres de plagas.

“¿Cuándo va empezar la importación? Todavía no hemos recibido solicitudes de permiso para importar semillas. Las industrias tienen que cumplir con todos los procedimientos establecidos, que le compete al Senasa, y deben tener autorización del Minagri y la Dirandro”, indica Vilma Gutarra, directora de Sanidad Vegetal del Senasa.

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Solicitan autocultivo

Para Ana Álvarez, de Buscando Esperanza, la Ley del Cannabis Medicinal no favorece a los pacientes, pues este dispone un límite de THC y con la importación se tendrá una medicina estandarizada. “Con este reglamento vamos a ser perseguidas. Necesitamos variedades de cepas, pues cada organismo es diferente”. Pidió que se dé una ley para el autocultivo o cultivo asociativo con un registro de pacientes y regulado por el Estado. Esto aún no está inlcuido en la ley.

La clave

- El Minagri, a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), regulará la investigación del cannabis medicinal. De esta forma, el INIA evaluará solicitudes de universidades o instituciones sobre proyectos de investigación agraria de dicha planta.

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