Chapa sobre Llica: A ese pata vamos a golpearlo. Está hasta la hu...

16 Nov 2019 | 6:18 h

Escuchas telefónicas de Chapa y Saya refuerzan tesis fiscal sobre organización Ladrillo Sindical de Sur. Dirigentes y asesor legal de gremio aseguran que pruebas no demuestran nada y hay persecución política del gobierno.

Edwar Quispe

“Nada, hermano, a ese pata vamos a golpearlo, hermano. Está hasta la hueva... no funciona Llica.” El extracto corresponde a un conversación de José Chapa Díaz, secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) con otro dirigente.

En la conversación se discute sobre las obras en ejecución del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). En ellas, el sindicato de Construcción Civil pretendía imponer obreros sindicalizados, si no amenazaba con protestas. Eso se desprende de la investigación fiscal que desembocó en la detención de 11 dirigentes en un megaoperativo el jueves pasado.

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Chapa y el secretario de Construcción Civil, Andrés Saya, son sindicados como líderes de esta organización criminal. Operaban en el sector público y privado. No solo imponían la cuota sindical, también cobraban cupos y el aporte sindical a los afiliados y no afiliados al gremio.

Las primeras evidencias para desbaratar esta red fueron las escuchas telefónicas efectuadas en 2019 a los dirigentes implicados y las declaraciones de testigos protegidos.

Sobre José Chapa Díaz, la fiscalía sustentó que él solicitaba la información de las obras. Luego las enviaba a Construcción Civil. Los testimonios de algunos de los responsables de las obras y testigos protegidos dan cuenta de cómo operaba la red criminal. Se menciona reuniones con exfuncionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Uno de los declarantes revela que en octubre de 2018 Andrés Saya se presentó junto a José Díaz (detenido) y “del Carpio” en las instalaciones de una obra hospitalaria en Cerro Colorado, para exigir el 50% de los cupos de trabajo. Empero, el pedido fue denegado.

Luego, los representantes de Construcción Civil regresaron y bajo amenazas exigieron una vez más la “bolsa de trabajo”. Cuando inició la construcción del cerco perimétrico, pararon la obra.

En diciembre, el residente de obra fue citado por el gerente de Infraestructura del GRA, de apellido Bermejo. Se reunieron junto a Saya y Díaz. Según reza el testimonio, los representantes de la empresa a cargo de la obra se vieron obligados a acceder a las demandas del sindicato después de 8 reuniones de trabajo. Saya decía que la obra no se ejecutaría si no cumplían sus demandas; según el testimonio, el GRA los apoyaba.

Piden libertad

El secretario de organización de Construcción Civil a nivel nacional, Jerónimo Escalante, no le dio valor a esta investigación. Señaló que los dirigentes implicados solo hacían respetar la bolsa de trabajo para el gremio y los derechos de los trabajadores, establecidos en la ordenanza regional 283 y el estatuto de Construcción Civil.

El asesor legal, Héctor Herrera, aseguró que estas escuchas no prueban nada, y que hacían sus pedidos y protestas dentro del marco legal. Ambos indicaban que estas detenciones tenían un tinte político, por la protesta contra Tía María.

La fiscal a cargo del caso, Rosmery Palomino, rechazó lo dicho por los dirigentes e indicó que se pretende confundir a la población. Aclaró que la estrategia de los dirigentes es hacer ver sus acciones como una protesta social, pero en realidad se trata de la explotación económica de los obreros, a quienes se les descuenta la cuota sindical sean o no agremiados, a través de extorsiones a sus empleadores.

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