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Sociedad

Arequipa: Veinte empresas pagaron hasta S/800 mil a Los Correcaminos

INFORMANTE. Colaborador eficaz contó a fiscalía cómo operaba la red criminal. No solo cobraban cupos mensuales, sino 40 000 soles si una empresa pretendía obtener permiso definitivo para circular en carreteras.

Desarticulación. Banda criminal fue desarticulada por policía en diciembre y la semana pasada.
Desarticulación. Banda criminal fue desarticulada por policía en diciembre y la semana pasada.

Por: Mónica Cuti

El 13 de octubre de este año, el colaborador eficaz 001-2019 contó todo. Se presentó ante la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios y dio más detalles sobre cómo operaban Los Correcaminos del Sur. Esta red criminal funcionaba en la Gerencia Regional de Transportes de Arequipa. Cobraba cupos a los transportistas informales incapacitados para brindar servicio de pasajeros en rutas interprovinciales. Luego a la mayoría les entregaron permisos.

Por ejemplo, el colaborador eficaz precisa que, desde septiembre hasta diciembre del 2018, la gerencia dio 20 permisos de circulación en forma irregular (no calificaban). Por la formalización, cada empresa abonó 40 000 soles. Ese monto sumó un total de 800 000 soles.

El colaborador 001-2019 nombra a Travel Car, Grupo Millenium, Alzatours, Pacetour, Transtour, Balvicor y otros como los beneficiados de la obtención de estos permisos. Los ex subgerentes de Transportes, Juan García Velásquez y Christian Motta fueron quienes otorgaron tales documentos, según el colaborador. Ellos habrían recibido los 40 mil soles de forma personal y en efectivo. Mientras que para las empresas que deseaban ampliar su flota vehicular les cobraron 2 mil soles más para emitir una resolución sub gerencial que lo permitiera. Cuando la subgerencia denegaba el permiso el empresario apelaba y era resuelto por la Gerencia de Transporte a cargo de quien fue gerente de Transportes, José Gamarra. Este tipo de formalización fue cuestionada. El Tribunal Constitucional prohibía la circulación de minivans en rutas en donde habían buses, se les calificaba como unidades vulnerables a accidentes de tránsito.Sin embargo, la Gerencia de Transportes les daba luz verde alegando que iban a zonas donde no había transporte.

Los cupos mensuales

Otra veta de la mafia eran los cupos. Sobre ello el colaborador precisa que antes de obtener permisos empresas antes pagaban una remesa de dinero mensual.

Por ejemplo, Estrella de Oro, que hace rutas de Arequipa a Chivay. Esta pagaba para la circulación de 14 a 19 unidades unos S/400 al mes por vehículo. El recaudador de esos montos era un transportista llamado Francisco. Él tenía contacto con Gabriel Almonte Concha, alias Chascoso (cobrador de la organización); en este caso, las entregas de dinero eran de forma personal.

Nueva Flecha era otra empresa que pagaba cupos, unos S/400 por cada una de las 190 unidades. Tenía la ruta Arequipa- Matarani-Quilca, pero no la cumplía, hacía otra. Entonces, tenía que adicionar S/200 por cada unidad. Danny era el transportista encargado de recolectar el dinero.

Se nombra a su vez a la empresa Rápido VIP-Villa Pedregal. Su contacto con Chascoso es de marzo a abril. En ese tiempo, le entregó S/ 1 000. Anteriormente, este dinero no era entregado a Almonte directamente, había un intermediario al que le llamaban Cachito. El monto debía pagarse a fines de mes o en la quincena.

La empresa Camino Real Plus también entregaba sumas de S/400 soles por cada miniván al mes. Costanera VIP es otra empresa con rutas de Arequipa a Ilo. Según el colaborador eficaz, pagaba S/200 por vehículo. Otras que también pagaban la misma suma son Kamax Aventura y Express Antel. De esta última empresa, están detenidos la secretaria, Sharon Ayerbe, y el gerente, Antonio Choqueña.

36 meses de prisión preventiva

La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por la fiscal Marita Cueva, ingresó ayer en la noche el pedido de prisión preventiva contra 15 de los 16 detenidos, que fueron intervenidos el último miércoles en la noche por ser parte de Los Correcaminos II.

Quien fue excluido del pedido de prisión preventiva es el trabajador del gobierno regional Manuel Salazar por tener 65 años de edad. Para él, la fiscalía está pidiendo detención domiciliaria. La audiencia empieza hoy a las 8 a. m.