DENUNCIA. Subgerente de Transporte, Juan Callacondo denuncia la irregularidad.

Municipio Provincial de Arequipa acusa a policías de proteger a transportistas informales

Acusación. Comuna de Arequipa tiene la misión de retirar los carros sin permiso de la calle, pero culpa a efectivos de evitarlo.

La República
11 Nov 2019 | 8:45 h

Mónica Cuti

El subgerente de Transporte de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Juan Carlos Callacondo, acusó a algunos policías de malograr los operativos ediles para erradicar las minivanes y taxis informales.

¿En qué se basa Callacondo para efectuar esta acusación? Según él, descubrieron un WhatsApp de transportistas llamado Operativo 100, conformado por 70 contactos, en donde se informa sobre los lugares y horas de los operativos que realiza la comuna provincial.

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Según Callacondo, la municipalidad habría comprobado que algunos de los números pertenecen a efectivos policiales, que eventualmente realizan el servicio de taxi (según se lee en los mensajes). Estos indican la hora y el lugar de cada intervención de los inspectores de tránsito.

“Por eso, cuando nosotros llegamos a los paraderos informales, no encontramos ni un vehículo”, indicó.

Incluso señala que varios conductores, a los que intervinieron y quisieron llevar sus unidades al depósito, se resisten y hablan en código. "Todos utilizaban el término Operativo 100, averiguamos de qué se trataba y descubrimos el WhatsApp", indicó.

Según Callacondo, para ingresar a este grupo, los conductores deben pagar 100 soles y una cuota mensual de 40 soles. Los conductores de taxis también serían instruidos, pues saben la forma en que tienen que actuar para evitar que su vehículo vaya la depósito. Por ejemplo, cuando un inspector interviene un vehículo, el conductor escapa y los inspectores de Transporte no lo pueden tocar ni llevar al depósito su unidad, porque no hay una normativa que lo permita. Incluso, en varias ocasiones, los conductores se niegan a hacerle caso a los fiscalizadores. Por ello, presentarán propuestas de ordenanza en la municipalidad provincial, para que las aprueben y se tenga mayor control en las intervenciones.

El funcionario indicó que están preparando todas las pruebas que obtuvieron junto a la Procuraduría de la MPA para denunciar el caso en la Fiscalía de Prevención del Delito y en la Policía, con el fin de que se investigue el caso.

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