Poder Judicial del Santa.

Presentan demandas laborales con firma de abogado fallecido en Chimbote

Áncash. Pretenden cobrarle dinero a dos empresas pesqueras que también ya no existen.

La República
14 Oct 2019 | 11:57 h

Increíble, pero cierto. Dos extrabajadores Fidel Carbajal De La Cruz y José Teódulo Sandoval Chuqui han presentados demandas laborales en la Corte Superior de Justicia del Santa contra las desaparecidas empresas Cridani e Islay, con documentos falsos que llevan la firma de un abogado fallecido.

Ambos demandantes han presentado supuestos certificados de trabajo con la firma del abogado Iván Esteves Ríos con fecha de febrero y marzo del año 2016, en su calidad de asesor legal de las desaparecidas empresas Cridani e Islay.

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Sin embargo, Isidro Raúl Mantilla Cerna, ex liquidador de Cridani e Islay, ha denunciado penalmente en la Fiscalía por el delito de falsificación de documentos a Fidel Carbajal y José Sandoval por haber presentado en sus demandas laborales “certificados de trabajo” con la firma de Iván Esteves cuando él ya había fallecido un año antes.

Además, el exliquidador mencionó también que las extinciones de ambas empresas pesqueras están inscritas en Sunarp con las partidas registrales 11629966 y 11146235, respectivamente.

“He tomado conocimiento de este caso recién cuando a mi domicilio llegaron notificaciones de las demandas laborales en contra de las empresas Cridani a Islay formuladas en juzgados laborales. Frente a ello he presentado en el escrito de denuncia el acta de defunción de Esteves Ríos cuyo deceso se produjo el 16 de octubre del 2015. Igualmente he precisado que las mencionadas empresas están extinguidas conforme a la Ley General de Sociedades 26887 y no tienen personería jurídica por lo que no pueden ser parte en un proceso", mencionó.

Sin embargo, Isidro Mantilla señaló que a pesar de los documentos falsos las demandas laborales han sido admitidas a trámites sin que se haya efectuado el control legal respectivo, nombrándose curadores procesales a personas jurídicas que ya no pueden ser parte de un proceso.

“El juez laboral debió requerir información a la Sunarp respecto del estado de las empresas antes de admitir las demandas y evitarse incurrir en omisión de funciones en el que tendría responsabilidad. La denuncia penal lleva el número de carpeta de investigación 1477-2019 en la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa, porque cómo es posible que den a trámite demandas laborales con documentos escandalosamente falsos”, añadió.

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