Távara y la tóxica masculinidad

Lo de Gerardo Távara es una vergüenza absoluta y una prueba más de cómo los hombres siguen teniendo las de ganar frente a una denuncia por acoso, abuso, asalto u hostigamiento sexual; también es una muestra de cómo les cuesta, a aquellxs que suelen ser aliadxs de la lucha contra el sexismo y machismo, tomar la posición valiente de defender completamente por principio a la víctima y no al denunciado, cuando el denunciado es del entorno.

Es cierto que Transparencia se ha deshecho de Távara pero lo han dejado renunciar en lugar de echarlo. Pero lo francamente más repudiable es cómo se ha utilizado el lenguaje jurídico formal para lavarle la cara y cómo él hace uso de esa muleta para negar públicamente de lo que se le acusa.

La resolución del Consejo Directivo de Transparencia dice que “… no es posible concluir que GT incurrió en actos de hostigamiento y/o acoso sexual (…) al besarla en estado de embriaguez el 23 de marzo del 2019 (…) debido principalmente a que la prueba aportada no resulta suficiente para acreditar que se haya configurado la conducta denunciada”. Es decir, lo salvan de “acosador sexual” pese a que reconocen que hubo un abuso de poder al “besar a una persona sujeta a subordinación laboral”. Si el acto hubiera sido consensuado sin precondicionamientos de jerarquías, estando borracho o no, no configuraría un abuso de poder. Transparencia reconoce que hubo abuso de poder en ese acto de connotación sexual pero decide que no hay “alcance legal”. Incluso dice que aun si Távara hubiera besado a la denunciante sin coacción de por medio, constituiría un abuso de poder. Lo cual es una contradicción porque sin coacción explícita o implícita no se constituiría abuso. Deciden ‘exculparlo’ legalmente de “hostigamiento o acoso sexual” y solo encontrarlo culpable de “reprochable práctica laboral” por humillarla frente a trabajadores desde fines de marzo del 2019 (o sea, justo después de besarla borracho el 23 de marzo del 2019).

Todo esto nos lleva a dos problemas de fondo en estos casos:

1. La falta de protocolos administrativos específicos de este tipo de denuncias en las que no necesariamente hay evidencias materiales más allá del testimonio de la denunciante. En la resolución de Transparencia se usa la legislación vigente para medir una falta sexual en el ámbito laboral, cuando la naturaleza de este tipo de denuncias suele ser testimonial más que de pruebas materiales.

2. La incredulidad, por defecto, que se da a la víctima, en supuesta ‘protección’ al victimario; ignorando por completo la complejidad implicada en atreverse a hacer una denuncia humillante para cualquier mujer, ignorando la ínfima estadística de falsas-denuncias, e ignorando y lo duro que es, emocionalmente, para quien denuncia no solo haber pasado por la traumática experiencia sino tener que pasar a ser, por defecto, sospechosa aun siendo la víctima. En los EEUU, por ejemplo, el concepto de #StartByBelieving es fundamental en el tratamiento social –aunque todavía no en el administrativo o penal– de estas denuncias.

Por cierto que el protocolo no garantiza que la mentalidad de quienes lo implementen cambie automáticamente, ni que las víctimas empiecen a ser creídas por defecto (en vez de al revés, y hasta que se aclaren las investigaciones), pero dará un mejor marco de acción ad hoc a este problema; y mayores posibilidades de resolución del problema individual, que debe ir modelando las conductas sociales de hombres abusadores y de quienes suelen defenderlos, minimizarlos o apañarlos; así como estimular a que más víctimas se animen a pasar por la pesadilla, humillación y desolación emocional que implica denunciar. Solo así algo empezará a cambiar para bien de todxs.