Juez de caso Telesup fue investigado por ser parte de presunta organización criminal
Alberto Cohen Vela emitió medida cautelar a favor de la casa de estudios, la cual suspende la decisión dictada por la Sunedu que le denegó el licenciamiento institucional.
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El juez del Segundo Civil de Bagua, quien emitió una medida cautelar a favor de la Telesup que evita su cierre, fue investigado por ser integrante de una presunta organización criminal en el 2017.
Se trata de Alberto Cohen Vela. El último miércoles 9 de octubre, la casa de estudios dio a conocer que la medida dictada por el juez suspendía los efectos de las dos resoluciones de la Sunedu que le denegó la licencia institucional y motivo por el cual debían cesar todas sus actividades en un plazo máximo de dos años.
La Sunedu cuestionó la competencia del 2° juzgado Civil de Bagua para pronunciarse sobre este tema. La Superintendencia indicó que le pareció extraño la celeridad de la decisión judicial y los argumentos que fueron usados por el juzgado. Además, aseguró que impugnará la medida y que también solicitaría que se investigue al juez.
Alberto Cohen Vela, según informó Wayka, ya ha sido investigado en el 2017 por la presunta comisión de delitos de asociación ilícita para delinquir y otros en agravio del Estado.
De acuerdo a un documento del 2017 de la Sala Penal de Apelaciones Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el juez presentó un recurso para no pagar la caución económica, la cual era parte de las reglas de conducta que habían sido impuestas como consecuencia de la comparecencia restringida que le fue impuesta a él y a otros tres funcionarios como parte de la investigación mencionada.
Según el Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el juez formó parte de una presunta organización criminal que, junto a Nanci Zamora Santillas (exalcaldesa distrital de Pólvora en San Martín), Roddy Vela Rodríguez y Meylin Valverde Aguilar, habría sido dirigida por Rafael Siguas Donaire y los hermanos Luis y Gerardo León Siguas para apropiarse de fondos del Estado por medio de procedimientos coactivos en distintos lugares del Perú.
La agrupación, que también era conocida como el ‘Clan Siguas’, se habría dedicado a generar multas contra gobiernos regionales, municipalidades, la Policía Nacional, el INPE y empresas privadas desde el 2002. En el 2017, quince años después, se supo que este grupo había robado 500 millones de soles al Estado en cobranzas coactivas.
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