Fiscal. Flores teme que investigados evadan proceso.

Tacna: Fiscal se enfrenta a jueza por Saqueadores de Ilabaya

Ludwing Flores cuestiona que magistrada Olga Cortez indicara en su resolución que no existe riesgo de que investigados obstruyan investigación. Afirma que, según testigos, implicados pueden atentar contra fiscales.

La República
01 Oct 2019 | 6:43 h

Liz Ferrer Rivera

La decisión de la magistrada Olga Cortez Valencia, titular del Juzgado Mixto de Jorge Basadre, de rechazar el pedido de prisión preventiva contra el exalcalde de Ilabaya, exregidores y exfuncionarios, tuvo entre sus principales argumentos que la Fiscalía no pudo demostrar que los investigados podrían obstruir el proceso. Por lo tanto, solo fueron necesarias medidas restrictivas de la libertad, además de ordenar el pago de cauciones.

La noche del domingo, el exalcalde Luis Cerrato Tamayo, José Luis Arocutipa (exgerente de Administración), Carlos Mendoza Herrera (extesorero) y Hugo Aduviri Soto (exprocurador) recuperaron su libertad tras estar detenidos más de diez días. También fueron liberados los exregidores Leonidas Mamani Chipana, Marcelino Quispe Calderón y Olson Carpio López.

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Todos los mencionados son investigados por presunta organización criminal, peculado y cohecho. Se les acusa de estar detrás de la contratación de “trabajadores fantasmas”, servicios simulados y apropiación de dineros de la municipalidad de Ilabaya de 2015 a 2018. El perjuicio económico —según la Fiscalía— supera los seis millones de soles.

“No se aprecia que el Ministerio Público halla referido que hubiera un comportamiento de obstaculización (de parte de Cerrato) de la investigación”, advirtió la jueza durante la lectura de su fallo. Además, detalló que Cerrato se comprometió a colaborar con las investigaciones, sumándose a ello que carece de antecedentes penales.

Para el fiscal Ludwing Flores, el criterio de la jueza es sorprendente. Aclaró que Cortez reconoció que existen graves elementos que incriminan a Cerrato y Arocutipa, y que, en el caso del primero, la pena, de hallársele culpable, podría superar los 30 años. Para Arocutipa, serían 24 años.

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Sobre este último, la jueza, en la audiencia del domingo, también mencionó que Arocutipa no asistió a las citaciones de la fiscalía en 2017, cuando se investigaban las irregularidades de Ilabaya. Para ese entonces, Arocutipa era solo un testigo. Es más, envió un documento diciéndole a la fiscalía que tenía una apretada agenda de trabajo y que acudieran a su oficina si querían verlo.

El fiscal cuestiona por qué, con el antecedente referido, Arocutipa quedó en libertad. Él, para la Fiscalía, habría sido el segundo al mando en la organización criminal denominada Los Saqueadores de Ilabaya.

Respecto a Aduviri y los regidores, la magistrada Cortez sostuvo que la Fiscalía no demostró que pudieran ser parte de una organización criminal.

Planes y testigos

Flores afirmó que uno de los testigos codificados relató las intenciones de los exfuncionarios de atentar contra una auditora de la Contraloría, que investigaba irregularidades, y contra las fiscales que habían incautado documentación de esa comuna.

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Además, comentó que en la actualidad existen 16 personas que postulan a colaboradores eficaces. Entre ellas, están las exregidoras, que reconocen que Cerrato les pagó algunos montos de dinero por su silencio, y profesionales, que aceptan que prestaron sus nombres y firmas para fingir servicios en el municipio y cobrar por ellos.

Flores ya ha pedido protección para los testigos y los colaboradores. Además, interpuso un recurso de apelación. “No me desanima el fallo. La investigación continúa”, puntualizó.ϖ

Boletas no necesitan ser sometidos a peritajes

Los “encargos” constituían una de las modalidades de corrupción en Ilabaya. Se trataba de eventos o capacitaciones, donde los exfuncionarios elevaban el costo de todo, falsificando boletas y facturas.

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La Fiscalía presentó las boletas originales de restaurantes, ferreterías y florerías, donde se hacían las compras. Así se corroboró que los exfuncionarios usaban boletas falsas, con montos exhorbitantes.

La jueza señaló que las boletas de los locales deben pasar por peritaje. El fiscal Flores afirmó que ello no era necesario, pues las pruebas eran válidas al ser boletas originales.

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