Controversia por reforma salarial a trabajadores estatales
Cambios. El Estado planteó una reforma para ordenar los pagos de los trabajadores de la administración pública; sin embargo, estos señalan que afectará sus bonificaciones conseguidas por negociación colectiva.
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Un análisis situacional de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en 2013, advertía un caos en el sector público, con más de 500 normas laborales, más de 102 escalas remunerativas y una planilla con 198 diferentes conceptos de pago (distintos en cada sector). Se señalaba que el desorden llevaba a una baja calidad de la administración pública y un alto gasto del presupuesto. Desde entonces, se plantea la necesidad de ordenar el aparato burocrático.
Este año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió el Decreto Supremo 261, que, en teoría, debe ordenar el régimen salarial público de los trabajadores administrativos del régimen 276, unificando los variados conceptos de pago en dos: el monto único consolidado y el beneficio extraordinario transitorio. El régimen 276 aglutina al 19% de los trabajadores públicos. Se estima que, en el Estado, trabajan cerca de 1.5 millones de personas.
Sin embargo, este decreto ya es materia de controversia y rechazo. Los trabajadores señalan que su salario y futura pensión, serán afectados por la nueva escala, pues obviaría algunos de los múltiples conceptos que componían su boleta de pago, la mayoría correspondientes a bonificaciones y beneficios obtenidos por negociación colectiva.
Bonificaciones en duda
En 2013, la PCM establecía la necesidad de un modelo como el propuesto por el Decreto Supremo 261, donde el principal concepto de pago sea la remuneración básica. El decreto establece el monto entre 512.8 soles y 854.26 soles. Antes, la remuneración básica bordeaba los 50 soles y el resto del salario estaba compuesto por bonificaciones y beneficios.
Los trabajadores estatales tienen bonificaciones diferenciadas por sector, las cuales se fueron consiguiendo mediante negociaciones colectivas. Casi todos tienen pagos extras por movilidad, refrigerio y alimentos. En algunos casos, se otorgan con dinero en efectivo, en otros con vales.
En un estudio de 2017, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) precisa que otras bonificaciones conseguidas mediante negociación colectiva son por uniforme, luto y sepelio, el hijo o la cónyugue, útiles de aseo, trabajo nocturno, horas extras, entre otros. El régimen 276 reconoce beneficios por 25 y 30 años de servicio, aguinaldos y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
Muchas de estas bonificaciones se pagan con recursos propios de la entidad. Sin embargo, no todas las unidades ejecutoras tienen disponibilidad presupuestaria.
Es el caso del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), donde el sindicato de la sede central ganó un laudo arbitral por refrigerio y alimentos por 950 soles mensuales, pero no lo perciben por la baja recaudación de la entidad.
El jefe de Administración del GRA, Renzo Valencia, estima que se necesita más de un millón de soles para cumplir con el requerimiento, pero en estos momentos no tienen fondos.
En su momento, la PCM señaló que una distorsión en las bonificaciones es la movilidad, pues está vinculada a "conceptos de pago poco transparentes”. El abogado laboralista y docente de la Universidad Católica San Pablo, Fredy Talavera, señala que los bonos conseguidos mediante negociación colectiva pueden prestarse a manejos políticos.
Vale precisar que, aparte de los bonos en controversia, los trabajadores estatales (excepto los municipales) reciben un incentivo mensual por Cafae, que se remunera desde los 950 hasta los 1200 soles y que no es afectado por el Decreto 261.
Necesidad de una reingeniería
El economista Glenn Arce acepta que se requiere una reingeniería en el aparato estatal para mejorar el gasto. Hace hincapié en que existe una planilla sobredimensionada. “Acá tenemos demasiada gente para la misma función”, expresa.
Se estima que, en salarios de trabajadores, el Estado utiliza cerca del 30% de sus recursos.
Ello también se refleja en los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, el GRA utilizará este año 835 millones 291 mil 485 soles en salarios y beneficios de sus trabajadores, es decir, un 45% de su presupuesto.
Sobre el ordenamiento del salario público, Arce señaló que no debe afectar la remuneración. “Ordenar el salario es bueno, que haya una rebaja no, porque eso atenta contra el patrimonio de todas las familias y causa problemas serios”, manifestó.
Por su parte, Fredy Talavera advierte que una estandarización de conceptos es necesaria para mejorar el gasto público. Señala que, por el desorden, se generan pagos erróneos, que perjudican o favorecen al trabajador público.
Mientras tanto, el personal del sector público sigue en pie de lucha contra el Decreto Supremo 261. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de San Agustín, Henry Porras, señaló que la medida busca debilitar a los gremios.
Para el 10 de octubre, las confederaciones de trabajadores estatales decidirán si van a una huelga indefinida para lograr la derogatoria del decreto.
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