El agua de Lima y Callao en riesgo

Pocos sabemos que el 60% del agua que consumimos en Lima y el Callao no viene del cauce natural del río Rímac, viene de Junín, precisamente de la cuenca del Mantaro. La traemos por un gran túnel que trasvasa las aguas que se concentran a través de un complejo sistema de lagunas alto andinas, represas y canales.

Desde los años 60 del siglo pasado, el Estado ha invertido mucho dinero en el sistema hídrico Marcapomacocha. Si bien la infraestructura mencionada se ubica en la región Junín, esta es manejada por la empresa Sedapal que, como se sabe, tiene como función principal proveer de agua potable a la ciudad de Lima y Callao.

Los vecinos de Lima y Callao tenemos derecho a saber que en medio de todo el sistema Marcapomacocha se está construyendo un proyecto minero. Todas las instalaciones del proyecto minero Ariana se ubican en medio de esta importante infraestructura hídrica. ¿Ariana pone en riesgo el abastecimiento de agua para Lima? Creemos que sí. Las instalaciones van a ser construidas muy cerca de dos lagunas, bofedales, escorrentías y circulación de aguas subterráneas que nutren el túnel trasandino. Incluso el depósito de relaves estará a 150 metros lineales del túnel.

Es por eso que hemos presentado una demanda de amparo junto a la congresista por Junín Katia Gilvonio. Para nosotros existen indicios razonables de afectación al derecho al agua y de daño a un área que brinda extraordinarios servicios ecosistémicos para más de 10 millones de personas que vivimos en Lima y Callao. Sedapal ha anunciado un nuevo paquete de inversión en la zona, para ampliar la capacidad de almacenamiento de agua, porque aún hay un millón de limeñas y limeños que todavía no cuentan con agua en sus domicilios. Esta inversión será casi tres veces el monto que promete invertir Ariana. ¿Tiene sentido poner en riesgo esta inversión del Estado y sobre todo nuestra principal zona abastecedora de agua?

Lo que no dicen los que promueven el proyecto minero es que Sedapal presentó formalmente sus observaciones y que además ha contratado un estudio independiente que ha señalado entre sus conclusiones que los estudios presentados son insuficientes y que se requiere mayor información para determinar el verdadero riesgo sobre las fuentes de agua.

El agua es un derecho constitucional. Además la Ley de Recursos Hídricos, en su artículo 75, señala que: “El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan los cursos de agua de una red hidrográfica”. Ese reconocimiento debe traducirse en acciones concretas de parte de nuestras autoridades; el caso Ariana pone en evidencia la necesidad de definir una política de ordenamiento territorial en el país y, sobre todo, de protección efectiva de las cabeceras de cuenca.

Lo menos que se puede afirmar es que el proyecto Ariana genera serias dudas. Y si hay dudas, si hay indicios razonables, consideramos que debería primar el principio precautorio. Reaccionemos, está en juego nuestro derecho al agua y nos toca defenderlo.