Cuatro universidades llegan hasta el PJ para dejar sin efecto su licenciamiento denegado por Sunedu

Acciones legales. Orval, UPIG, UPEIN y Marítima del Perú, las primeras a las que la Superintendencia ordenó su cierre progresivo, buscan anular la medida, y volver a ser evaluadas. Expertos dicen que tienen argumentos débiles. Algunas demandas ya han sido admitidas y otras, luego de ser declaradas improcedentes, están en apelación.

La ministra de Educación, Flor Pablo, ha expresado su respaldo a la labor de Sunedu.

La ministra de Educación, Flor Pablo, ha expresado su respaldo a la labor de Sunedu.

La República
16 09 2019 | 02:22h

Por: Milagros Berrios

Cuatro universidades privadas se resisten a cerrar de manera progresiva tras la denegatoria de su licenciamiento institucional, por lo que han llegado hasta el Poder Judicial (PJ) para dejar sin efecto esta medida dispuesta por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

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La República pudo conocer que en busca de este objetivo se encuentran la Universidad Peruana de Arte Orval, la Peruana de Integración Global (UPIG), la Peruana de Investigación y Negocios (UPEIN) y la Marítima del Perú (UMP), las mismas que fueron las primeras de las 14 casas de estudios a las que, a la fecha, se les han negado la autorización por no cumplir con todas las condiciones básicas de calidad exigidas por la Ley Universitaria.

Estas demandas contra la Sunedu se han dado por la vía contenciosa administrativa y la de amparo, a diferencia de la interpuesta por la Telesup, la cual -representada por José Luis Luna Morales, hijo del excongresista solidario José Luna Gálvez- denunció penalmente al titular de la superintendencia, Martín Benavides, por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio.

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Orval y UPIG, la primera y segunda que no superaron el proceso de licenciamiento (octubre del 2018), han presentado acciones de amparo para dejar sin efecto esta resolución desfavorable y así continuar brindando de manera regular el servicio a sus alumnos.

Cuando se dispuso el cierre progresivo de la Orval, con 176 alumnos, la Sunedu informó que esta había incumplido 33 de 44 indicadores de calidad. Entre las deficiencias figuraban la falta de docentes a tiempo completo, talleres y equipamiento adecuados o políticas que fomenten la investigación.

Ahora, la demanda de acción de amparo de esta universidad que cuestiona la evaluación de la Sunedu y alega que no ha tomado en cuenta su especialidad (arte) ya se encuentra en proceso luego de haber sido admitida por el 7° Juzgado Constitucional en diciembre pasado.

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En el caso de la UPIG, que registraba 1.200 estudiantes, se dijo que no contaba con laboratorios adecuados, carecía de protocolos de seguridad, docentes calificados (algunos bachilleres), y no hacía seguimiento a proyectos de investigación.

Tras ello, la UPIG entabló dos demandas. Una de estas, que está en el Juzgado Civil-Lurín, dice que la Sunedu ha violado su derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la defensa y al principio de imparcialidad.

Procesos en trámite

En noviembre del 2018, la Sunedu anunció que la UPEIN presentaba como principal deficiencia los indicadores de investigación, los cuales fueron desaprobados en su totalidad. Ahora, esta institución privada, que registraba 420 alumnos, solicita la nulidad de las resoluciones con las que se le denegó la licencia. También ha pedido una medida cautelar ante el 16° Juzgado Contencioso Administrativo Permanente.

A estas tres casas de estudio con acciones legales se suma la Universidad Marítima del Perú, ubicada en el Callao, cuya evaluación del ente fiscalizador indicó que presentaba graves deficiencias en su infraestructura, irregularidades académicas vinculadas a horas lectivas, talleres y laboratorios, selección de docentes y políticas de investigación.

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En este caso también se ha planteado la nulidad de las resoluciones de la Superintendencia para así retrotraer el proceso y poder subsanar las observaciones. Esto representaría una nueva oportunidad para pasar por la evaluación de licenciamiento y está en manos del 9° Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo.

Todos estos procesos contenciosos administrativos –contra las decisiones de Sunedu– y las medidas cautelares constitucionales, tipo acción de amparo, se tramitan desde diciembre pasado en la Corte Superior de Lima y de Lima Sur. Algunas ya han sido admitidas y otras, luego de ser declaradas improcedentes, se encuentran en apelación.

La Superintendencia, cuya facultad de fiscalización fue respaldada por el Tribunal Constitucional (TC) en el 2015, prefirió no pronunciarse sobre estos casos mientras estén en curso.

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No obstante, en un comunicado de este mes, manifestó que el proceso de licenciamiento de universidades es técnico, transparente y está a cargo de profesionales de más alto nivel. “Los equipos técnicos que llevan a cabo las evaluaciones son multidisciplinarios y cuentan con personal especializado”.

Por su parte, la ministra de Educación, Flor Pablo, ha expresado su respaldo a la Sunedu. “En el país hemos optado por una ruta de asegurar calidad universitaria y eso supone que tenemos que denegar el licenciamiento”, dijo a La República tras la denuncia de la Telesup y la solicitud para abrir una comisión investigadora a la Sunedu en el Congreso.

Diversas posiciones

Martín Manco, excatedrático de la UPIG y autor de una de las acciones de amparo, señala que la Sunedu viola el debido proceso y que la denegatoria de licenciamiento ha significado para los trabajadores y alumnos un impacto socioeconómico e, incluso, discriminación. “El TC y PJ podrían dejar sin efecto las resoluciones para hacer una nueva evaluación técnica. Los resultados podrían darse en dos años y llegaremos hasta el final”. Asegura que ya han tenido contacto con otras universidades sin licenciamiento como Orval, Simón Bolívar y Telesup.

El secretario general de la Universidad Marítima del Perú, Carlos Cogorno, dice que se les ha privado del derecho a la libertad de empresa, trabajo y educación. En tanto, el promotor de esta institución, Teófilo Japura, plantea que en lugar de cierres, se sancione solo con multas a las que incumplen con condiciones básicas de calidad. “Han manifestado criterios sesgados. Pensamos que iban a entender este tema (la realidad de la universidad) como algo suigéneris”.

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Daniel Vera, autor de la acción de amparo de la universidad Orval, afirma que la Sunedu debería discriminar a las universidades según su tipo. “Se va a dar un debate muy largo de derechos en el PJ y TC”, agrega.

Este diario también buscó la versión de la UPEIN; sin embargo, su principal sede ya no está activa y en otra (Jesús María) dijeron que nos devolverían la comunicación, pero no lo hicieron.

“Sin argumentos sólidos”

Ante este panorama, el primer director general de Educación Superior del Ministerio de Educación, Juan Antonio Trelles, señaló que si bien el PJ podría pronunciarse sobre los procedimientos o plazos, no cuestionaría las facultades de Sunedu.

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“No veo argumentos sólidos. El peor escenario es que se reinicie algún proceso (....) Hoy toman como una opción al PJ y, si no pasan, buscarán otros caminos como la presión política, pero no tendrían mucho que hacer porque la gestión de Sunedu ya cuenta con respaldo”.

Agregó que cuando entró en vigencia la Ley Universitaria era previsible que se ejecuten estas acciones, las cuales -dice- están referidas solo a la forma y presentan debilidades técnicas.

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“Cuando empezamos con la ley ya había una acción de inconstitucionalidad contra esta y varias universidades habían interpuesto demandas contra Sunedu, pero se cayeron. Se veían venir y perdieron todas”.

No se descarta que más universidades interpongan nuevas medidas en el Poder Judicial.

Las cifras

80 universidades ya lograron su licenciamiento.

14 casas de estudio han recibido la denegatoria de licenciamiento de Sunedu.

Algunos estudiantes lograron trasladarse, otros todavía no

Otro punto a tomar en cuenta es la situación de los estudiantes de algunas universidades sin licenciamiento, como el caso de Andrea Cuchula Gutiérrez (21) y Remigia Claudio Rojas (30), de la Orval y de la UPIG, respectivamente.

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Andrea se trasladó a la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) luego de que la Orval suscribiera convenios con esta sede, así como con la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Unifé) y la Universidad Privada del Norte (UPN). Con ello, sus alumnos tendrían la posibilidad de convalidar materias, créditos y pagar pensiones especiales.

“Yo estoy ahora en el tercer ciclo de la carrera de Arte y Diseño Empresarial. Esa es la opción que elegí porque es la que más se asemeja a lo que llevaba en Orval (Dirección de Artes Gráficas y Publicitarias), aunque claro, igual hay diferencias porque en la USIL, por la cantidad de alumnos, las clases no son tan personalizadas como antes. Lo bueno es que tenemos un descuento del 15% si entramos y mantenemos una nota de entre 11 y 13, y de 25% si tenemos y continuamos con 14. Acá estoy con un grupo de compañeros”, comenta.

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Por su parte, Remigia se encuentra sin estudiar porque no tiene dinero suficiente para pagar las mensualidades de las instituciones con las que la UPIG firmó convenios (Universidad Autónoma del Perú, Universidad Científica del Sur y Universidad María Auxiliadora). “No puedo estudiar (Administración y Negocios Internacionales) porque me cobran mensualidades más caras y me bajarían ciclos, lo mismo pasa con el 30% de estudiantes de mi salón. Responsabilizo a Sunedu más que a mi universidad”.

“Si fuera un juez razonable, no aceptaría”

Daniel Soria - Profesor Derecho PUCP

Todos tienen derecho de ir al Poder Judicial; sin embargo, en el contenido sustantivo, desde mi punto de vista y otros que sí quieren tratar seriamente el tema, no tienen ningún fundamento constitucional ni legal para declarar fundada la demanda. Estamos hablando de universidades que quieren regresar a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), entre ellas universidades empresas, porque están atacando el negocio. Entonces quieren que se respete la “autonomía universitaria”, que se vio “violada” por la Sunedu, pero este tema ya se debatió incluso en el TC.

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Pueden discutir que algunos indicadores sean arbitrarios, pero la facultad de supervisar no es ilegal e inconstitucional.

No es un argumento hablar de la libertad de empresa, ya que toda libertad está sometida a límites. Brindar un servicio educativo es un negocio para las universidades con fines de lucro, pero tiene más restricciones que uno normal.

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Hablar de alumnos perjudicados también es un argumento falaz, ya que el verdadero perjuicio nace del mal servicio y en el caso de trabajadores, ellos tienen la prioridad para recibir liquidación.

Sí se puede pedir retrotraer el proceso, pero si fuera un juez razonable, no lo aceptaría, salvo que haya irregularidades. No puede decir que la Sunedu está equivocada tomando él como referencia las condiciones básicas de calidad. Y si lo hace, actuaría de manera arbitraria.

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