Ministra de la Mujer pide investigar a jueces que suspendieron condena de Adriano Pozo

MIMP pide que se revise la medida que a su vez deja sin efecto la orden de captura contra el agresor de Arlette Contreras.

La República
19 08 2019 | 13:59h

El Ministerio de la Mujer se mostró disconforme con la decisión de la Corte Superior de Lima Norte que decidió suspender la condena y dejar sin efecto la orden de captura que pesa contra Adriano Pozo, condenado por feminicidio en grado de tentativa en agravio de Arlette Contreras.

“El MIMP rechaza la decisión del Colegiado Penal Permanente de la Corte de Justicia de Lima Norte de suspender la condena y orden de captura contra Adriano Pozo Arias. Esperamos la revisión de la medida. ¡No a la impunidad!”, indicaron en su cuenta de Twitter.

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En esa misma línea, la titular Gloria Montenegro también evidenció su rechazo a la medida judicial que favorece a Pozo Arias e instó a investigar a los jueces que tomaron la decisión.

“Nos sentimos burlados por los magistrados del Poder Judicial. Adriano Pozo no debe estar un solo día más libre. Basta de ser tan tolerantes con los agresores. Solicitamos que se supervise oportunamente la labor de quienes han tomado esta decisión tan lamentable”, manifestó en la misma red social

La mencionada Corte, presidida por el magistrado Alcides Ramírez Cubas e integrada por Graciela Fernández y Edgardo Asenjo, resolvió aceptar la solicitud del Ministerio Público y la defensa de Adriano Pozo para dejar sin efecto la orden de captura y suspender la condena que lo obligaba a cumplir 11 años de prisión efectiva y pagar 20 mil soles de reparación civil.

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“¡Estos ‘magistrados’ se burlan de mí, y a través de mí se burlan también de las miles de mujeres que exigen justicia!”, indicó Arlette Contreras esta mañana.

El pasado 8 de julio, luego de conocerse el fallo inicial, Arlette Contreras indicó no estar de acuerdo, pues se absolvió al investigado por el delito de violación sexual y la pena dictada no era de 19 años, tal como lo requería la acusación de la Fiscalía. Asimismo, consideró que la reparación civil no era proporcional al daño sufrido.

Horas después se presentaron una serie de irregularidades en la ejecución de la sentencia, tal como la negativa de la Policía Judicial en no querer aceptar el documento que exigía la orden de captura de Adriano Pozo. Desde entonces el agresor se encuentra no habido e incluso en Ayacucho su familia encabezó una protesta en la que se abogaba por su inocencia y se trataba de mancillar la imagen de agraviada.

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