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Sociedad

Reforma política y la elección de gobernadores y alcaldes

Debate olvidado. Pese a que reformas también tendrán efectos en elecciones regionales y municipales, casi nadie discute la necesidad o no de las propuestas de cambio que se debaten en el Congreso. Urge una discusión desde el interior del país.

en 2021. Cambios en normas electorales se traslucirán en próxima elección de autoridades regionales. Entre las modificaciones que se propone esta incrementar a 5 años periodo de gestiones.
en 2021. Cambios en normas electorales se traslucirán en próxima elección de autoridades regionales. Entre las modificaciones que se propone esta incrementar a 5 años periodo de gestiones.

José Víctor Salcedo

La reforma política, planteada por el Ejecutivo nacional y que se discute casi encarnizadamente en el Congreso, pareciera un asunto ajeno a las regiones, cuando no debería serlo. Hay una gran indiferencia ciudadana respecto al debate sobre los cambios elaborados por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Son reformas que apuntan a cambiar las reglas de juego en las elecciones a partir de 2021.

Varias de estas propuestas -de ser aprobadas- también tendrán efectos en la creación y funcionamiento de movimientos regionales, elección de autoridades subnacionales y los organismos fiscalizadores (Consejos Regionales y Concejos Municipales).

Cambios en ciernes

La reforma propone, entre otras cosas, que los candidatos a gobernador y a alcaldes provincial y distrital sólo podrán ser aquellos militantes que tengan un mínimo de un año de pertenencia al grupo político, salvo aquellos cupos reservados para designados (25% en la norma vigente). Y deben ser elegidos en contiendas internas obligatoriamente. Para los otros cargos se aplica el mecanismo previsto en el reglamento de la organización.

La elección sería por un período de cinco años –actualmente es de 4- para “implementar políticas públicas con horizontes más largos, además de permitir ordenar el calendario electoral nacional, colocando las elecciones subnacionales a mitad del periodo presidencial”.

En el caso de las regiones, el gobernador sería elegido en primera vuelva y como parte de una lista única, como ocurre con los alcaldes. Es decir, sería desechado el balotaje, implementado para que la máxima autoridad regional sea elegido con al menos el 30% más 1 de los votos válidos.

Ese cambio implica que la elección de consejeros pasará de ser territorial (representantes por provincias) a uno poblacional para evitar los “localismos” que impiden el fortalecimiento de la gobernabilidad. Eso quiere decir que la elección sería de un consejero o consejera por cada 100 mil habitantes. En el caso de Cusco, que tiene en promedio un millón 500 mil ciudadanos, el legislativo estaría conformado por 15 representantes. Excepcionalmente se aplicaría la cifra repartidora para garantizar la representación de poblaciones indígenas.

La reforma cuestiona el actual mecanismo de elección porque, según Fernando Tuesta Soldevilla, integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, “limita las funciones de fiscalización y control” o fomenta “que se formen mayoría en contra de los gobernadores electos, lo que atenta contra la gobernabilidad”.

Mayoría en Consejo

Cuando un gobernador regional gane la contienda, recibirá a manera de premio el 40% de los escaños en el Consejo. Los cupos restantes serán distribuidos entre las otras agrupaciones políticas que hayan obtenido votación mínima de 8%.

En cuanto a la elección de los alcaldes, la propuesta es que este ya no reciba el premio de la mayoría absoluta de los escaños en el Concejo Municipal. “El mecanismo será establecido en función a lo que le convenga a la institución”, dice la comisión.

“Una mala interpretación del ‘premio a la mayoría’ genera ‘supermayorías’, dificultándose con ello la rendición de cuentas ante los regidores, lo que hace que los conflictos sigan caminos extrainstitucionales”, se lee en las propuestas de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma.

Después de la elección

Concluida la contienda, empezará un proceso de depuración de movimientos regionales. Aquellos grupos que no hayan obtenido dos escaños en el Consejo Regional o al menos el 8% de la votación desaparecerán.

Otra causal de cancelación de inscripción es que el movimiento no participe en la elección regional o que en la elección municipal no tenga candidatos en por lo menos 2/3 de las provincias y de los distritos de la circunscripción regional.

Asimismo, se cancela la inscripción si el movimiento regional no alcanza el respaldo del 4% del número de electores de la última elección regional en las elecciones internas de los candidatos, y por incumplir reiteradamente las normas de financiamiento.

Otra modificación está referida a homogeneizar las causales de vacancia y suspensión de gobernadores, vicegobernadores, alcaldes, consejeros y regidores. Actualmente hay algunas diferencias. Por ejemplo, un gobernador no puede ser vacado por nepotismo como un alcalde.

En tanto, para inscribir un movimiento, precisa la propuesta, debe acreditarse una relación de afiliados no menor al 1% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones regionales y tener un mínimo de 1 000 afiliados, de los cuales más de 3/4 debe tener domicilio en una misma provincia.

En Lima el debate es arduo, en regiones todavía hay indiferencia y silencio.

ENFOQUE

Alberto García / Analista

Entre el pánico y la esperanza

Las reformas políticas han provocado reacciones que van desde la esperanza de un verdadero cambio en las reglas de juego en los procesos electorales, hasta un mal disimulado pánico en quienes ven recortadas sus posibilidades de llegar al poder.

Las recomendaciones apuntan a hacer más equitativa la distribución de escaños en los concejos municipales, provinciales y distritales. Con las normas vigentes, el partido o movimiento que gana una elección tiene el 70% de los escaños, así su victoria fuera por un voto.

El temor viene del lado de los candidatos flotantes, aquellos que no tienen militancia. La reforma busca que los candidatos tengan al menos un año de militancia.

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