La casa se reserva el derecho de admisión

Juan y Albertina toman lonche en la cafetería de un supermercado en Lima. Son una joven y feliz pareja que comparte planes y diseña su futuro, entre risas y arrumacos. Se toman de la mano, dichosos. Hasta que llega el guachimán del local y les pide que cesen esas muestras de afecto o de lo contrario serán expulsados; que hay niños alrededor que pueden quedar perturbados por el espectáculo que les están dando. Esta historia no se la cree nadie. Pero sí ocurre cuando son Juan y Alberto, o Juana y Albertina. Escandalizar a los críos, el mismo argumento del congresista Becerril contra la Marcha del Orgullo Gay, suele esgrimirse para justificar la humillación.

Un gran número de personas no pueden asumirse como ciudadanos pues ni siquiera son considerados consumidores. El consumo, el caballito de batalla neoliberal de las últimas décadas, está en entredicho, a partir de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. El abogado Carlos Zelada, investigador de la Universidad del Pacífico, ha estudiado los expedientes que llegan al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de personas homosexuales y trans que sienten sus derechos vulnerados en espacios privados como restaurantes, discotecas, bancos y hoteles, y los procedimientos en la denuncia por discriminación. Veinte años atrás, recuerda el investigador, fue el INDECOPI que vanguardistamente incluyó, dentro de la norma de protección al consumidor, la prohibición a la discriminación, probablemente derivada de los mediáticos casos de segregación racial en discotecas limeñas. Pero cómo se aplica esto a los discriminados gays, lesbianas y trans.

El acucioso estudio de Carlos Zelada tiene como eje central “la prueba” como instrumento para certificar la discriminación y validar la denuncia, para lo cual ha compilado antecedentes jurídicos y casos concretos que llegaron hasta el INDECOPI, así como las apelaciones de las empresas denunciadas. Éstas han tenido éxito casi en la mitad de las veces, revocando la decisión de declarar fundada la infracción. Aunque el estudio señala que esta tendencia está cambiando en los últimos dos años, demostrando más apertura de parte del Tribunal al rechazar las apelaciones de las empresas, las personas que denuncian aún encuentran una raleada justicia.

Una expulsión de una cafetería, más la prohibición de ingreso a una discoteca, más negar el servicio de hotelería a una pareja de hombres, o impedir el uso de los servicios higiénicos a una trans. Más no permitir que su DNI refleje su identidad de género o que dos personas del mismo sexo no puedan casarse no son anécdotas aisladas, sino que estructuran un sistema de exclusión que es a la vez político y social, físico y simbólico. Cruzado, además, por otras exclusiones porque no sufren lo mismo una trans peluquera de un barrio popular que un economista gay de un organismo internacional. Un amigo me contó que a la hora del recreo, solía refugiarse en la biblioteca de su colegio para evitar el bulliyng homofóbico de sus compañeros. Y ambos, metafóricamente, nos preguntamos dónde podrán guarecerse los niños gays que estudian en escuelas sin bibliotecas.

Las trabas están ahí, enrostrando a la población LGTB su minusvalía. Son apátridas en su propia patria, parafraseando a Hanna Arendt, como judíos en la Alemania nazi, sin el derecho a tener derechos.