Fecor y MPCh sin facultades en cobro de cartas fianza por caso “Los Temerarios”
Fallo. Jueza Cecilia Grández declaró improcedente el pedido de la Fiscalía para incautar dinero de empresa CRD por obra de residuos. Gestión de Gasco cobró cheques que deben ir a cuentas de Pronabi.
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del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, declaró improcedente el pedido de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado (Fecor) de Lambayeque, para incautar la dos cartas fianza valorizadas en un millón 583,835 soles que presentó la empresa CRD Filial Perú por la obra de la planta de transferencia de residuos sólidos de Chiclayo, y que actualmente es investigada por el caso “Los Temerarios del Crimen”.
De esta forma, la resolución judicial también dejaría sin efecto el cobro de dichas cartas fianza que hizo la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas, dinero que se mantenía en reserva en las cuentas de la comuna hasta la liquidación de la obra.
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En su momento, el gerente general Ricardo Rentería señaló que la utilización del más de medio millón de soles necesitaba ser analizado por sus funcionarios, y que la prioridad serían obras de infraestructura.
Sustento
La decisión de la magistrada Grández resuelve también que la compañía aseguradora Positiva Seguros proceda con el endose del dinero en cheques y que haga el depósito efectivo en las cuentas del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
La motivación de lo actuado se sustenta en que el dinero por cartas fianza de fiel cumplimiento y buen manejo de anticipos sirva como un futuro pago de reparación civil a favor del Estado, por el daño ocasionado a la municipalidad de Chiclayo en la construcción de uno de los proyectos de Chiclayo Limpio.
Además, dicha acción busca asegurar la investigación que se le sigue a la exrepresentante de CRD, Mirtha Gonzales Yep, por el presunto delito de cohecho activo genérico y crimen organizado.
La empresaria lleva el proceso bajo comparecencia simple al brindar información relevante en la investigación, al señalar que el congresista Héctor Becerril habría sido intermediario en un supuesto cobro de diezmo para la adjudicación de la obra de la planta de residuos.
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