Cerro Verde: ¿debe o no pagar por los desagües que usa para sus operaciones mineras?

AGUAS QUE DIVIDEN. La relación con las mineras siempre es difícil. Basta revisar lo que ocurre en el Valle de Tambo con Southern, dueña del proyecto Tía María. En Arequipa, surgen voces para que Cerro Verde pague por los desagües que trata y usa para sus operaciones. El asunto no es fácil, está amarrado a siete convenios y una incapacidad económica de Sedapar para operar la planta.

La República
23 06 2019 | 07:34h

Juan Carlos Soto, Fiorella Montaño

El río Chili, hasta hace tres años, era una verdadera cloaca. El 95% de los desagües de la ciudad se vertían a esta cuenca, con cuyas aguas regaban los campos agrícolas de La Joya, San Camilo, Vítor, etc. El ciclo de la vida, donde el punto de partida es también el de llegada, vengaba este crimen ambiental. Los cultivos, irrigados con aguas de potente contenido bacteriológico, devolvían a las mesas de los arequipeños los frutos contaminados. El efecto de los desagües era tremendo en la cuenca. Cien mililitros de agua contenían un millón de coliformes fecales (NMP/100 ml), cuando el parámetro recomienda tres mil NMP/100 ml. Según los estudios de salud, los arequipeños ingerían un promedio de medio kilo de heces al año. La tasa de enfermedades gástricas era alta.

Sedapar, una empresa cuyos accionistas son los alcaldes, siendo la encargada de administrar los desagües, debía construir una planta de tratamiento para poner fin a la contaminación. Por casi treinta años, hubo marchas y contramarchas con el proyecto. En 2011, Sociedad Minera Cerro Verde planteó una alternativa: bombear las aguas negras hasta La Enlozada, una quebrada que forma parte del territorio concesionado a la mina, tratarlas y llevarse un metro cúbico para sus operaciones. Lo restante, ahora 600 litros, serían devueltos a la cuenca.

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Hace tres años, la compañía minera aumentó su producción anual a 275 mil toneladas de cobre. Necesitaba dicho caudal para sus procesos mineros. La nueva planta de tratamiento y todo el sistema costó $500 millones, inversión íntegra de la minera. Estuvo lista a fines de 2015. Un convenio marco suscrito en junio de 2011 y siete específicos dieron forma a una negociación definida en su momento como “ganar-ganar”. Favorecía a la empresa minera con agua que probablemente no la hubiese conseguido en fuentes naturales, a Sedapar y a la ciudad, que recuperaban un río declarado muerto por la contaminación.

El plan inicial era que el costo de operación y mantenimiento de los componentes clave del sistema, incluida la PTAR La Enlozada, los asumía la compañía minera hasta el tercer año, diciembre de 2018. Sin embargo, el quinto convenio determina que Cerro Verde continuará operando la planta de tratamiento y dos componentes más a su costo hasta que haya una ley para fijar la tarifa por la comercialización del agua residual tratada. En otras palabras, Sedapar no podía cobrarle el agua a Cerro Verde mientras no haya tarifa. Ese acuerdo se suscribió en 2012. Transcurridos siete años, hay un marco regulatorio: decreto legislativo 1280, que considera el tratamiento de las aguas residuales como un servicio de saneamiento. El 2017, también se publicó otro decreto, el 019, que reglamenta la comercialización del agua residual tratada. Con esa legislación, algunas EPS comercializan el agua residual y fijan su tarifa en función a lo que les cuesta tratarla.

El congresista Horacio Zeballos e integrantes de la sociedad civil organizada consideran que el quinto convenio favorece ampliamente a la minera. En sus cálculos matemáticos, sostienen que Sedapar pierde por lo menos S/ 8 millones renunciando a operar la planta y a cobrar el agua tratada. La aritmética de Zeballos arroja esa cifra aplicando una tarifa de uso industrial. Sedapar y Cerro Verde rechazan ese enfoque. El agua industrial es potable y no es lo mismo que la residual. “Es como querer cobrar por una botella de whisky cuando lo que entregas es una botella de agua”, dice Pablo Alcázar Zuzunaga, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la compañía minera.

Por otro lado del convenio se desprende que la construcción no fue gratuita. El quinto convenio también lo precisa. Cuando Sedapar le imponga una tarifa a la compañía minera, tendrá que considerar la inversión en la planta. De igual forma, los costos de operación y mantenimiento efectuados hasta que dure el encargo. Ese componente debe considerar la tarifa.

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PROPUESTA DE SEDAPAR

Sedapar planteó un octavo convenio: que la minera asuma la operación de la mayoría de componentes del sistema de tratamiento hasta 2045 a cambio del metro cúbico de los desagües gratuito. La propuesta desató polémica. El alcalde de Arequipa y accionista mayoritario de Sedapar, Omar Candia Aguilar, sostiene que la compañía minera debe pagar por el agua.

¿Por qué Sedapar no quiere operar la planta ni cobrar tarifa? Armando Llaza, presidente del directorio de Sedapar, y el gerente Juan Carlos Córdoba explicaron las razones en una larga reunión con este diario. En síntesis, señalan que perderían dinero si asumen esa responsabilidad. Operar La Enlozada cuesta al año, según cifras de Cerro Verde, 18 millones de dólares. Y la EPS no cuenta con ese presupuesto. Necesitarían un promedio de cuatro millones al mes. El consultor Willy Zavalaga hizo un estudio de costos. Y lo máximo que puede recaudar Sedapar cobrándole a la minera por agua residual es dos millones de soles. ¿Cómo cubriría el faltante? La alternativa sería incrementar en 30% las tarifas de agua. Ahí todos los usuarios tendrían que mojarse. Según Llaza, por la inversión en la PTAR, Cerro Verde tendría agua gratis por más de 50 años. Lo inquietante es saber qué ocurrirá en 2045 cuando Cerro Verde deje de operar esa planta? ¿El río volverá a recibir todos los desagües, teniendo en cuenta que Sedapar no tiene plata para sostener un sistema de tratamiento de aguas residuales?

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