Arequipa: Contratista de Majes II favorecida con suspensiones

La República
27 May 2019 | 1:06 h

Obligaciones de concesionaria en proyecto de irrigación están suspendidas desde 2015. Estas prórrogas tendrían irregularidades, según congresista Horacio Zeballos.

Arequipa. Desde el 12 de junio de 2015, las obligaciones de la concesionaria del proyecto Majes Siguas II están suspendidas. Es decir, desde esa fecha, no presenta el expediente para la fase II (obras de conducción de agua e irrigación) y no realiza el cierre financiero, que garantiza su capacidad económica para cumplir con su parte del proyecto. Esta suspensión estuvo rodeada de irregularidades, según el congresista Horacio Zeballos Patrón.

En oficio remitido por el congresista al gobernador regional Elmer Cáceres Llica, señala que durante la pasada gestión se firmaron acuerdos retroactivos con la finalidad de salvar las responsabilidades del concesionario.

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El documento da cuenta del acuerdo marco suscrito entre el Gobierno Regional de Arequipa y la concesionaria. Este acuerdo fue firmado el 22 de marzo de 2016 y suspendió los plazos y obligaciones desde el 12 de junio de 2015, es decir, con un efecto retroactivo de nueve meses.

Esta fue la primera suspensión de las obligaciones. Luego sucedieron otras cinco prórrogas. La cuarta, celebrada el 16 de febrero de 2018, también tuvo el mismo efecto retroactivo, subsanando un plazo que vencía el 30 de enero de 2018.

La última prórroga vence el 1 de junio. Para esa fecha, la Región debe decidir si da visto bueno al cambio tecnológico propuesto por la empresa en el expediente de la fase II (adenda 13), que sugiere cambiar los canales de agua por tuberías, que implicaría un incremento 104 millones de dólares en el presupuesto de US$ 550 millones.

Además, Zeballos advierte que la forma en que el Gobierno Regional y la concesionaria acordaron modificar el sistema de riego de las pampas de Siguas es ilegal porque no respeta lo establecido en el Texto Único Ordenado (TUO) del contrato. El documento señala que el cambio debe ser aprobado previa opinión favorable de la supervisora, cosa que no ocurrió. Cita al informe 784-2018-CG/APP-AS de la Contraloría.

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Concesionaria favorecida 

Para Zeballos, los retrasos se dieron porque la empresa no tiene la capacidad económica para el cierre financiero. Además, señala que también Cobra se favoreció, pues cada año de postergación significa un encarecimiento del proyecto, y por tanto, una ganancia.

Estas paralizaciones, añadió Zeballos, tuvieron el visto bueno de la pasada gestión, en parte también porque la Región no cumplió su parte de las obligaciones, como garantizar los terrenos para la represa de Angostura.

El oficio del congresista sugiere al gobernador Cáceres Llica no avalar la controvertida adenda 13 porque beneficiará a la concesionaria en el reclamo de millones en controversia.

Refiere el caso de US$ 74 millones que ahora reclama la empresa. Un total de US$ 29 millones correspondientes a los gastos de mantenimiento desde que las obras físicas están paralizadas (diciembre del 2017), así como US$ 45 millones por obras de la fase I. Al respecto, Zeballos señaló que las cifras reclamadas son poco claras, más aún cuando la empresa no puede acreditar el cierre financiero.

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Asimismo, refiere que el avance de la fase I es otro tema de controversia. Mientras el supervisor especializado señala que las obras físicas comprenden un 27%, la concesionaria indica que llegan a 45%.

Observaciones a Adenda 13

Según Horacio Zeballos, la firma de la adenda 13 encarecerá el proyecto en 54% respecto al contrato original de 2010, lo que incrementará el precio final de la tierra y el agua de Majes II.

Se observa también que el cambio a tuberías implicaría otros problemas que fueron advertidos por el Ministerio de Agricultura, como la limpieza de los reservorios.

El Ministerio de Agricultura también observó la vulnerabilidad de las tuberías, porque las estructuras se ubicarán en zonas sísmicas.

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