Exigen pago y devolución en tierras del proyecto Olmos

Demanda. Comuneros olmanos apelan ante Poder Judicial y piden cancelación de justiprecio por 38 mil hectáreas subastadas a empresarios y devolución de más de 76 mil hectáreas

Demanda. Comuneros olmanos apelan ante Poder Judicial y piden cancelación de justiprecio por 38 mil hectáreas subastadas a empresarios y devolución de más de 76 mil hectáreas

Representantes de la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos interpusieron un recurso de apelación ante el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo contra la sentencia que declaró infundada su pretensión de conseguir una indemnización por las 114,231.75 hectáreas de su propiedad, que fueron confiscadas por el Estado, durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori (1995-2000).

Justiprecio de hectáreas

Como se recuerda, el juez Juan García Mayorga declaró infundada la demanda de los comuneros de Olmos, quienes solicitan que el Estado les pague un justiprecio por las 38 mil hectáreas subastadas a empresarios del proyecto Olmos, las cuales fueron confiscadas dentro de las más de 114 mil hectáreas. Ellos también piden una devolución del resto de hectáreas que todavía permanecen en poder el Estado, y que forman parte de la segunda etapa del proyecto Olmos. Es decir, más de 76 mil hectáreas.

“Estas 38 mil hectáreas subastadas ya no pueden revertir, pero el Estado deberá pagar un justiprecio por estas tierras. No obstante, las tierras que aún no han sido utilizadas tendrán que ser devueltas”, señaló el abogado de la comunidad Santo Domingo de Olmos, Hugo Lamadrid Ibáñez.

En esta apelación de demanda la comunidad exige la inaplicabilidad del Decreto de Urgencia n.º 049-2009 y el Acuerdo Regional 073-2010-GR-LAMB, debido a que con ello el Estado logró confiscarles 111 mil 656 hectáreas de su propiedad.

Sostienen que si bien es cierto presentaron tres resoluciones emitidas en la época del virreinato español y una transcripción paleográfica de títulos coloniales, estos documentos tienen equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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