Polémica por norma que impide contratar a extranjeros en Cusco

La República
2019 M05 16 | 06:03 h

A FAVOR Y EN CONTRA. Vicegobernadora y consejero dicen que norma ayudaría a resolver informalidad. Defensoría del Pueblo considera ordenanza como inconstitucional.

La aprobación de la ordenanza regional que prioriza la mano de obra regional y local en lugar de extranjera, y sanciona a empleadores y empresas que despidan a cusqueños para contratar a foráneos en la informalidad, desató polémica. El Consejo Regional y el Gobierno Regional de Cusco defienden la norma. 

El legislador Tomás Mamani Quispe, integrante de la Comisión de Trabajo, sostuvo que en cumplimiento de sus funciones emitieron la ordenanza para cuidar los puestos de trabajo de los cusqueños. Asimismo, la vicegobernadora regional, Delia Condo, sostuvo que la ordenanza está dirigida a defender el derecho al trabajo y frenar la informalidad. Anunció que, desde ahora, con apoyo de las municipalidades, se trabajará en la elaboración de mecanismos de verificación de las condiciones laborales en la región. Según Condo, la llegada de venezolanos ocasionó despidos de cusqueños, por lo que "ante esa realidad, hubo una respuesta". 

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No obstante, varios abogados aseguran que la norma devendrá en inconstitucional por discriminadora y porque los consejeros se habrían excedido en sus funciones. El exprocurador anticorrupción y experto en derecho laboral, Henry Delgado, advirtió que va en contra del ordenamiento jurídico nacional. 

El consejero Mamani dijo que no hay ninguna discriminación. "No se puede permitir que despidan a cusqueños para contratar en su lugar a dos o tres venezolanos o extranjeros pagándoles la misma cantidad de dinero", dijo el legislador. 

Sin embargo, la representante de la Defensoría del Pueblo, Rosa Santa Cruz, sostuvo que los consejeros se excedieron en sus facultades al fijar sanciones, cuando esa no es su competencia. Precisó que desde su despacho enviaron una carta a los consejeros pidiendo que desestimen la iniciativa legislativa.

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Además, señaló que, conforme a las políticas migratorias, el Perú aprobó los Permisos Temporales de Permanencia (PTP) que autorizan a los migrantes a trabajar. "En caso esto no fuera concordante con los parámetros constitucionales, la Defensoría podría actuar en ese sentido". Lo que sí respaldó Santa Cruz es que se trabaje en luchar contra la informalidad en el país. 

Desde el despacho del congresista Edgar Ochoa, señalaron que esa medida no resuelve el problema laboral en la región. "Es bastante complicado fiscalizar la informalidad por la ausencia de contrato escrito mínimo en el sector informal. Si Sunafil sólo se ocupa del 30% del mercado laboral formal, ¿cómo se fiscalizará desde la Región aquellas actividades económicas informales tipo restaurantes, hostales, tiendas pequeñas?", dijeron.