Rechazan deuda de S/22 millones con exmutual

Luis Barrios
12 May 2019 | 4:22 h

Jubilados de avientel. Presentan apelación a decisión de Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo que ordenó llevar a cabo la ejecución forzada. Aseguran haber cancelado totalidad de la deuda.

El pasado 12 de abril, el Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo ordenó llevar adelante la ejecución forzada contra miembros de la Asociación Pro Vivienda de los Trabajadores de Entel Perú (Avientel)-Chiclayo, por una supuesta deuda con la ex Mutual Chiclayo (Fonafe), que superaría los S/22 millones. Ante esta situación, una comisión de jubilados de dicha urbanización, ubicada en la carretera a Pimentel, calificó de arbitraria e injusta dicha disposición judicial, por lo que presentó un recurso de apelación al asegurar que han cancelado la totalidad del adeudo.

Según explicó la defensa legal de los jubilados, Raúl Parodi Carranza, todo inició cuando en 1999 Avientel suscribió un contrato de préstamo con garantía hipotecaria con la entonces Mutual de Chiclayo para realizar la habilitación urbana (instalación de servicios de agua, desagüe, luz, pistas y veredas) de los 148 lotes. Sin embargo, el año 2000 la Mutual Chiclayo en Liquidación demandó a los asociados de Avientel por supuestamente no haber cancelado el adeudo.

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En el 2014, en primera instancia, el Cuarto Juzgado Civil falló a favor de los demandados; no obstante, la ex Mutual fue hasta la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia la cual, en el 2017, declaró nulos los fallos anteriores y dispuso al Cuarto Juzgado Civil emitir un nuevo fallo donde se individualice la deuda.

El letrado sostiene en su apelación que el fallo de dicho juzgado no ha cumplido con lo exigido por la Corte Suprema pues, 1) no habría considerado la totalidad de los pagos a cuenta realizados por los trabajadores a la exmutual, y 2) la actualización de los montos no guardaría coherencia con las liquidaciones preexistentes, pues Fonafe habría presentado liquidaciones elaboradas en el 2018, pero debían ser valorizadas de acuerdo al año donde inició el juicio.

“La Corte Suprema pide actualización y dan esas actualizaciones de liquidación, pero eso no es lo que se debería cobrar, pues el juicio empezó 19 años atrás. Con los montos que ponen ahora los jubilados ni vendiendo sus propiedades tendrían dinero para pagar esos montos altísimos”, expresó.

Asimismo, Parodi presentó una carta escrita en 1991 por el entonces gerente general de la Mutual Chiclayo, Manuel Cisneros, donde asegura que el préstamo ha sido pagado.

Temen existan intereses particulares

Parodi también presentó dos declaraciones juradas firmadas en 2002 y 2009, donde Cisneros –quien suscribió el contrato con Avientel– se ratifica en la inexistencia de la deuda.

El dirigente de los moradores, Víctor Perleche, pidió al Poder Judicial prestar atención en este caso, pues teme que existan intereses que influyan en la decisión del juez.

 

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