Chiclayo: ordenan juicio contra ex funcionarios de municipio de José Leonardo Ortiz

Abraham Ibanez
10 May. 2019 | 20:35h

Habrían beneficiado a empresa con contratación directa para expediente técnico de obra, pese a carecer de los requisitos necesarios.

La Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, logró que se ordene juicio oral contra cuatro ex funcionarios de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, quienes habrían beneficiado irregularmente a una empresa con contratación para la elaboración del expediente técnico de una obra pública, pese a no reunir los requisitos necesarios. 

Se trata del gerente municipal, Osman Rolando Guerrero Ramírez; el gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Wilmer Alejandro Ramírez Namuche; la jefa de la Unidad Formuladora, Giuliana Karina Díaz Reyes; así como del sub gerente de Infraestructura, Juan José Flores Álvarez; para quienes el fiscal Julio Taboada Ramón ha solicitado cuatro años con ocho meses de cárcel, así como la inhabilitación por el mismo período, como presuntos responsables del delito de negociación incompatible

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En audiencia de control de acusación, el representante del Ministerio Publico señaló que, en julio del 2012, los implicados habrían aprovechado sus cargos para favorecer a la empresa ‘A&K Multiservicios‘ con la contratación directa para la elaboración del expediente técnico de la obra ‘Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en las calle Miraflores C5 a C8, Ricardo Palma C1 a la C8 y San Antonio C1 a la C8 del P. J. Garcés-distrito de José Leonardo Ortiz-Chiclayo’. 

El monto total pagado por el servicio fue de S/ 10 500 soles, pese a que la empresa carecía del registro de consultor de obras en el Registro Nacional de Proveedores, necesario para contratar con entidades públicas, y que no contaba con profesionales de ingeniería civil. 

Para ello, el 4 de julio de ese año, Guerrero Ramírez habría suscrito el contrato de locación de servicios a favor de la empresaria y, apenas dos días después, resuelto aprobar el expediente técnico de la obra, que no revestía la calidad requerida para el objetivo del proyecto, autorizando el pago del supuesto servicio.