Familia pide a ministro interceder por inmueble apropiado por narcotraficante [VIDEO]

Angela Valdivia
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La propiedad se encuentra en Punta Hermosa. En el 2012 el Poder Judicial falló a favor de los denunciantes; no obstante, el lugar no les ha sido devuelto. 

Los hermanos Ávalos denuncian que vienen viviendo una pesadilla desde el 2005, cuando el delincuente peruano holandés Ment Floor Dijklhuizen se adueñó de la propiedad que su padre compró en 1967 y la cual se encuentra ubicada en Punta Hermosa. El sujeto ha sido condenado a 25 años de prisión por narcotráfico y lavado de dinero. 

Eventualmente el predio fue entregado a la Policía por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) en donde se ha instalado la comisaría de Punta Hermosa. Rossana Ávalos señala a Panamericana que para no ser desalojados, los efectivos le han pagado 4,000 soles mensuales a Elena Cáceres, madre del narcotraficante

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‘‘Mi padre fue propietario; sin embargo, la comisaría de Punta Hermosa está metida aquí en nuestro predio. No quieren devolverlo porque simplemente la señora Elena Cáceres, madre del señor Ment Floor Dijkhuizen Cáceres, es quien ha ingresado y está usurpando nuestros derechos como propietarios’’, afirmó Ávalos mientras hizo un pedido al titular del Ministerio del Interior, Carlos Morán, para que pueda intervenir. 

A pesar de que en el año 2012 el Poder Judicial falló a su favor para que el lugar le sea devuelto, Cáceres ha dejado claro que no abandonará la propiedad. ‘‘Tenemos ya la decisión de la Sala Penal, tenemos ya el apoyo y el cumplimiento de Pronabi; no obstante, es la Policía que maquilla toda esta situación de entrega’’ explicó. 

‘‘Nadie me saca. No le voy a entregar, no’’, se le puede oír decir a la progenitora del sujeto. La propietaria afirmó sentirse indignada. ‘‘¿A quién vamos a recurrir? Si es que la Policía resguarda a la madre de un narcotraficante. Ella imploró que el ministro Carlos Morán inspeccione la comisaría para que se pueda resolver el caso. ‘‘Nosotros estamos esperando a que se cumpla una resolución judicial de hace seis años’’, dijo Rossana Ávalos.