Marcos Gasco habría vulnerado ley y aumento de sueldo sería irregular

Jesus Diaz
10 01 2019 | 21:58h

No respeta normas. Alcalde de Chiclayo no tomó en cuenta la capacidad económica del ayuntamiento. Se podría denunciar penalmente su decisión. 

El aumento del sueldo del alcalde provincial de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, de S/ 9,000 a S/ 11,050, ha motivado una serie de reacciones entre regidores y funcionarios por la medida que no se ajusta a la Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2019.

Ayer, la Contraloría, a través del Órgano de Control Interno (OCI) del municipio de Chiclayo, indicó que las remuneraciones de los alcaldes provinciales son fijadas “discrecionalmente de acuerdo a la real y tangible capacidad económica del gobierno local”, previas las constataciones presupuestales del caso. 

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El documento firmado por el jefe del OCI, Miguel Estrella Gil, precisa que el incremento del sueldo del alcalde Marcos Gasco debe ser concordado por la normativa (Ley n.° 30879) Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2019, la cual prohíbe actualmente cualquier posibilidad de incremento remunerativo en el sector público. Esta norma, a pesar de que existe un reglamento interno para que el sueldo del burgomaestre sea incrementado con posterior acuerdo del concejo municipal.  

El regidor de oposición Jony Piana manifestó que en los próximos días se presentaría un recurso legal para exigir argumentos al alcalde Marcos Gasco por el incremento de su remuneración, pues se habría puesto en riesgo la estabilidad económica de la municipalidad. 

“El artículo 6 de la Ley de Presupuesto señala que no puede haber aumento, incluso cuando haya solvencia económica. Además, existe en la ley una disposición que exonera del artículo 6 a las municipalidades”, dijo. 

Para el fiscal anticorrupción José Guevara Gilarmas se podría formular una denuncia penal contra el alcalde Marcos Gasco por el presunto delito de cobro indebido. Sin embargo, el denunciante tendría que probar que no se ha seguido el procedimiento adecuado para que en sesión de concejo se adecue la remuneración del burgomaestre. 

“La Contraloría podría tomar acciones administrativas contra la adecuación del sueldo del alcalde, para identificar algunas irregularidades. En cambio, una denuncia penal depende de si se respetó las normas y el procedimiento”, dijo. 

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