Hallan perjuicio de S/ 4 millones en obra del Gobierno Regional de Arequipa

Arequipa. Contraloría detectó responsabilidad penal de 5 exfuncionarios de la gestión de Juan Manuel Guillén.

Arequipa. Contraloría detectó responsabilidad penal de 5 exfuncionarios de la gestión de Juan Manuel Guillén.

Un total de ocho entre funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Arequipa, fueron halladas con responsabilidades administrativas, civiles y penales por Contraloría. Esto por incumplir sus funciones en el desarrollo de la obra del puente Punta Colorada, ubicado en la provincia arequipeña de Castilla. Se detectó un perjuicio ascendente a 4 millones 719 mil 175 soles.

La obra se ejecutó en la gestión de Juan Manuel Guillén Benavides, entre el 20 de abril del 2009 y 15 de enero del 2011, por un valor de 14 millones 538 mil 215 soles.

Contraloría halla responsabilidades administrativas y penales en Juan Manuel Carpio Sánchez (gerente de Infraestructura 2008-2011), Walther Andrés Paz Valderrama (jefe de Asesoría Jurídica entre 2007-2011), Enrique Alberto Araníbar Delgado (abogado de Asesoría Jurídica 1995-2010), Nelson Delford Sarmiento (gerente de Infraestructura 2013-2015), Wilson Homero Quispe Zavaleta (gerente de Supervisión y Liquidación 2014-2016).

En tanto, se encontró responsabilidad administrativa y civil en Jesús Vilca Iquiapaza (procurador regional 2003-2018), Amparo Begazo Burga (actual procuradora regional) y Donato Félix Lipa Llanqui (subgerente de Supervisión y Liquidación 2008-2011).

Se observó la entrega retrasada del expediente técnico y designación tardía del supervisor de obra, que generó retraso y arbitraje de la empresa. Asimismo, la demora en aprobación de adicionales, que ocasionó una nueva ampliación de plazo. 

Otro hecho observado fue la aprobación de una conciliación por ampliación de plazo de 146 días, pero sin sustento legal. Además, según Contraloría, el Gobierno Regional obvió cobrar penalidades por 810 mil 221 soles. 

Asimismo, se objeta la entrega tardía del terreno, posterior al inicio de obra. También un pago hecho a la empresa supervisora en el 2014, por encima del monto aprobado por Contraloría. Finalmente, se añade que los procuradores no presentaron recursos legales ante un laudo arbitral adverso, el cual definía el monto de liquidación de obra. 

Te puede interesar


CONTINÚA
LEYENDO