Lambayeque: Policía no garantiza la vida de las víctimas con medidas de protección

La República
19 Jul 2018 | 15:53 h

Sin garantía. La Defensoría del Pueblo concluyó que la Policía no ejecuta las 1400 medidas de protección que existen en una muestra de 9 comisarías. Además, desconoce los alcances de la Ley 30364.

La violencia, el olvido y el desamparo como consecuencia de un sistema de protección deficiente allanaron el camino para perpetrar el delito de feminicidio en agravio de Dilma Suárez Jiménez a manos de su ex pareja sentimental, Rony Prada.

Una madre de familia de 32 años de edad que agotó los mecanismos legales con dos medidas de protección emitidas por el Juzgado Mixto de Ferreñafe del 29 de enero y 13 de febrero de 2018 para que el Estado, a través de la Policía Nacional, la proteja. Ella quería seguir viviendo, pero no lo consiguió. Hoy forma parte de la lista negra del feminicidios en el Perú.

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Este tipo de casos no debe volver a repetirse, si es que se respeta la norma. Un informe de la Oficina Defensorial de Lambayeque pone en jaque a las comisarías que en la Región Policial Lambayeque suman 53.

De una muestra de 9 instituciones que representa el 30% del total, se concluye que el personal policial no solo no garantiza la ejecución de las medidas de protección dictadas por el Poder Judicial para las víctimas de violencia familiar, sino también desconoce la Ley 30364.

Julio Hidalgo Reyes, jefe de la Oficina Dfensorial señala: “que la Policía no garantiza la vida de las personas. El caso de la señora Dilma Suárez lo  evidencia”, expresa.

Incumplimiento

La Defensoría del Pueblo intervino en las comisarías de La Victoria, César Llatas, del Norte, José Leonardo Ortiz, Ferreñafe, Lambayeque, Motupe, Olmos y Oyotún.

Según la estadísticas, estas dependencias policiales no cumplen de manera adecuada y efectiva con las obligaciones que tienen sobre el registro y ejecución de 1400 medidas de protección a favor de las mujeres víctimas de violencia y de los integrantes del grupo familiar, hecho que pone en peligro la seguridad y el bienestar de las mismas.

La Defensoría sostiene que  en las comisarías de Oyotún, Motupe y Olmos, no se tiene asignado custodios del orden con la responsabilidad exclusiva de atender y ejecutar las medidas de protección. No se implementó el área de atención para los casos de violencia.

También enfoca el insuficiente número de agentes para ejecutar las medidas de protección. Por ejemplo: la comisaría del Norte tiene 2 policías para cumplir con 515 medidas de protección; mientras la comisaría de Ferreñafe cuenta con 3 policías para supervisar 363 medidas de protección.

La Defensoría verificó que la Policía desconoce los alcalces de la Ley 30364 e incumple sus obligaciones referidas a implementar un mapa gráfico y georeferencial para el adecuado registro de las víctimas con medidas de protección.

 Tampoco se notifica a la víctima y al agresor, no elabora plan de seguimiento y ejecución de las medidas, y no realiza rondas inopinadas a favor de la víctima. 

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