Terminal Marítimo de Puerto Eten en peligro por decisión del TC

La Republica
Jhony Elias

Rechazo total.  Los congresistas de Lambayeque exigieron que se obre con justicia y se declare improcedente la demanda de amparo de Inversiones Stop que reclama 1,369 ha, zona de influencia de este proyecto.

Ysela Vega Huayambal

Chiclayo

Si este martes los miembros del Tribunal Constitucional (TC) declaran procedente la demanda de amparo que presentó la empresa Inversiones Stop contra el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), entonces se perderían 1,369 hectáreas de terreno que conforman la zona de intervención del megaproyecto del terminal marítimo de Puerto Eten, el que a la fecha cuenta ya con una iniciativa privada por 577 millones de dólares y que está en manos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

Uno de los sueños y los intereses de la sociedad civil quedarían postergados una vez más. Esta preocupación la expresó el congresista por Lambayeque, Javier Velásquez Quesquén, quien aseguró que extraoficialmente se conoce que la decisión de los miembros del TC, Ernesto Blume Fortini (presidente), Eloy Espinoza, Manuel Miranda, Carlos Ramos y Marianella Ledesma, se inclinaría a favor de Inversiones Stop.

El argumento del TC, afirmó Velásquez, es haberse ejecutado un proceso de conocimiento en el que las partes actuaron con sus pruebas respectivas, cuando la vía correcta —aduce— es la contenciosa administrativa. 

“El inefable Eloy Espinoza hizo que de cuatro miembros que tenían sus votos a favor de la improcedencia de la demanda, ahora Blume y otro magistrado cambien su voto. Todo indicaría que Lambayeque perdería solo por los intereses de un grupo

El proyecto marítimo se cae. Esto es un acto mafioso del Tribunal Constitucional a pesar de las pruebas”, sentenció.

Cabe indicar que la justicia ordinaria dio la razón a la Procuraduría Pública del gobierno regional con sentencias favorables del Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo con el Expediente n.º 2132-2004, así como de la Primera Sala Superior Civil de Chiclayo con el Expediente n.º 2132-2004, y el fallo de la Corte Suprema con relación al recurso de casación que presentó la demandante.

cuestionable

Según los documentos que obran en la comisión de Fiscalización del Congreso, el 15 de agosto de 1998 el alcalde de la Municipalidad Distrital de Puerto Eten, Pedro Sánchez Chima y el representante de Inversiones Stop, Santos Llontop Isique, suscribieron un convenio.

De esta manera, sostienen los parlamentarios Javier Velásquez, Clemente Flores, Marvin Palma, Liliana Takayama y Héctor Becerril, se habría realizado un acto amañado a favor de dicha empresa con la concesión de derecho de superficie de los sectores Punta Zapato, Punta Farola y las más de 1,300 hectáreas del área de influencia del proyecto.

En ese contexto, Velásquez Quesquén subrayó que junto a sus pares se reunirán este lunes con los integrantes del Tribunal Constitucional, pues no se puede emitir un pronunciamiento en base a formalismo, cuando existen evidencias de hechos irregulares. 

“Perderíamos tiempo y dinero”

Sobre el tema el gerente de la Autoridad Portuaria Regional (APR), Jorge Nakazaki Servigón, lamentó que un hecho presuntamente ilícito sea avalado por la vía constitucional. “La justicia nos dio la razón, sin embargo ahora unos sinvergüenzas pretenden apropiarse de las tierras que les concedieron de manera fraudulenta”, recalcó.

Indicó que si el veredicto del TC es a favor de Inversiones Stop significaría pérdida de dinero y retraso del proyecto, pues tendría que replantearse. Afirmó que en el área de influencia está destinada la construcción del parque industrial, parque de energía limpia, entre otros.

También dijo que se realizó la cuarta entrega de la cronología de la inversión a la Autoridad Portuaria Nacional.