Sociedad

Asháninkas denunciaron impunidad en casos de violencia sexual a menores de edad

La Republica
Sandra Reyes

El representativo asháninka exigió al Poder Judicial poner más énfasis en la lucha contra la violencia sexual y colaborar con las autoridades comunales en la resolución de los casos.

Una niña del nivel primaria de la comunidad de Quempiri quedó embarazada producto de una violación, así lo denunció la Central Asháninka del Río Ene (CARE) y exigieron al Poder Judicial poner más énfasis en la lucha contra la violencia sexual.

Abel Sorio Soto, profesor de la menor, fue señalado de haber violentado a la menor hasta en dos ocasiones, según se difundió a través de su sitio web. Sin embargo, este nuevo caso recibido por CARE hace solo una semana no sería el único.

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El representativo asháninka reveló que en octubre de 2017 informaron sobre la violación de dos alumnas también del nivel primaria, y que las menores señalaron al docente Julio Quentimari Villanes como su agresor en diversas ocasiones.

Según narra CARE el hecho derivó en una denuncia penal contra el docente a quien se le habría encontrado en flagrancia realizando tocamientos indebidos a una de las niñas.

De otro lado, señalaron que, pese a que CARE había asumido la defensa legal de la menor, la fiscalía les impidió su intervención en el caso, alegando que eso solo le correspondía al agresor y la víctima, y que una organización indígena no tendría derecho a interferir en el proceso.

Sin embargo, este accionar no hace más que desconocer el Convenio Internacional 169 de la OIT, que asegura a la población indígena una representación especial, tanto en términos políticos como legales, explicaron.

Cabe señalar que en el 2015, CARE también denunció la violación de dos menores en la comunidad Centro Caparocia por parte de otro docente, Wander Cueva Mishari. Según informaron, las menores resultaron embarazadas a raíz del hecho.

Ante estos sucesos alertaron que el Ministerio Público ya ha archivado una de las denuncias, y está por archivar otra al considerar que hay insuficiencia de pruebas. “Nuestras niñas son víctimas de una violencia sexual generalizada, y esta violencia sexual se ha naturalizado”, se lee en la comunicación de CARE. 

Remarcaron que siempre hay comprensión hacia el agresor mientras las víctimas resultan culpadas, difamadas y maltratadas. Asimismo, exigieron al Poder Judicial poner más énfasis en la lucha contra la violencia sexual, colaborar con las autoridades comunales y las organizaciones indígenas en la resolución de los casos.