DETENIDOS. El secretario de la FDTA, José Luis Chapa, y Andrés Saya son acusados de ser cabecillas. Vouchers demuestran pagos a integrantes del gremio.

Caso Ladrillo Sindical del Sur: “Nos pidieron seis mil soles para no detener obra”

Más denuncias. Empresario cuenta que paralizaciones provocaron desbalance en presupuesto de obra. Dinero era depositado a conviviente de uno de los dirigentes.

La República
18 Nov 2019 | 8:36 h

Mónica Cuti

A cuatro días de la captura de los presuntos integrantes de la organización criminal El Ladrillo Sindical del Sur, se suman más denuncias de extorsión. El fin de semana, la empresa Constructora Consorcio Penitenciario Misti, que ejecuta los trabajos de ampliación en el penal de Socabaya, denunció ante la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada que también fue víctima del cobro de cupos por parte de dirigentes de Construcción Civil desde inicios de año para no detener la edificación.

El denunciante señaló a La República que el dinero se pidió desde enero de este año, mes en que empezó la obra, y que los pagos eran superiores a los 6 000 soles. Este monto se entregaba cada quincena y acabaría en manos de los cabecillas de el Ladrillo Sindical.

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A quienes señala directamente son los integrantes del Comité de Seguridad de la obra, Edwin Quilly Quispe y Wilfredo Quispe Itusaca. Indicó que, a meses de iniciar los trabajos en el penal, comenzaron las paralizaciones, sin que haya razón justificable.

“Se paralizaba la obra cada dos o tres días. Las razones que nos informaban eran que había un paro indefinido por la ‘lucha nacional’, por protesta regional del sindicato, paralización por lucha macrorregional entre otras cosas; pero ninguna razón concreta. Cuando ya este chico, Quispe Huisaca, se nos acerca y dice que solo dejarán de molestar si se deposita el dinero a la cuenta de Quispe Flores, Mayte Fabiana”, señaló.

Según lo que indagó la empresa, la cuenta que le dieron correspondía a la conviviente de Huisaca. Esta prueba también se entregó a la fiscalía.

Señaló que se decidió dar la coima para evitar que se paralicen los trabajos, ya que significaba una pérdida de 500 mil soles. En la obra, hay más de 800 trabajadores y se descargan materiales en grandes cantidades.

"Nosotros pensamos en que era preferible perder 6 000 soles, que S/ 500 000", indicó.

Sin embargo, pese a que se pagaba para no detener los trabajos, las paralizaciones continuaban. El denunciante asegura que lo que Construcción Civil buscaba era ingresar la mayor cantidad de trabajadores de su gremio para controlar la obra. De esa forma, sostiene, observaban a los demás trabajadores, ingenieros y arquitectos, y los intimidaban.

Los constantes paros en los trabajos de ampliación del penal de Socabaya, según especifica, provocaron que haya un desbalance de dinero y, por ello, decidieron parar los trabajos la semana pasada. Además, realizaron una constatación policial, denunciando que paraban los trabajos porque eran víctimas de extorsión. La obra tiene un presupuesto destinado de 120 millones de soles y su plazo de ejecución era de dos años. La denuncia interpuesta por el Consorcio Penitenciario Misti es la número 31 del caso.

Pese a las denuncias, los obreros aseguran de que se trata de persecución política en contra de José Luis Chapa, secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), y Andrés Saya, secretario del gremio de Construcción Civil. Ambos son sindicados como cabecillas de la organización. Hoy anunciaron que paralizarán 50 obras en toda la región para pedir la liberación de sus dirigentes.

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Pedirán 36 meses de prisión

La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada solicitará 36 meses de prisión preventiva contra la presunta organización criminal El Ladrillo Sindical del Sur, según señaló la fiscal Rosmery Mendoza.

El término de la detención preliminar será el viernes de esta semana, por lo que el Ministerio Público tiene ese plazo para presentar el requerimiento.

Aparte de los 11 detenidos, habría más personas investigadas preliminarmente, entre las que están funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa y Sunafil, además de obreros y dirigentes de Construcción Civil.

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