Detenidos. José Chapa Díaz (FDTA)

Arequipa: Por extorsión arrestan a once dirigentes de construcción civil

Arequipa. Sindicalistas aprovechaban sus cargos para exigir dinero, cupos de trabajo y ‘cuotas sindicales’ a constructoras.

La República
15 Nov 2019 | 6:04 h

Por: Edward Quispe y Robert Orihuela. Arequipa

La corrupción campea a todo nivel en la región Arequipa. Nadie se salva ni los sindicatos defensores de intereses colectivos. La Policía y el Ministerio Público pusieron al descubierto cómo operan algunos dirigentes de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), el gremio que afilia a los principales sindicatos de la región. Y también de Construcción Civil.

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Según la investigación fiscal José Chapa Díaz (FDTA) y el secretario de Construcción Civil, Andrés Saya Mamani, están involucrados en una organización que extorsionaba y cobraba cupos a empresas de construcción.

Ambos son dirigentes conocidos por sus declaraciones y marchas en contra de autoridades y organismos gubernamentale por casos de corrupción. Fueron detenidos con otros 9 miembros del gremio de construcción. Tienen una orden de detención de 15 días.

El fiscal coordinador de crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, identificó a José Chapa, alias Pepe Lucho o Chapa, como el cabecilla de la organización criminal El Ladrillo Sindical del Sur. Planficaba las operaciones por su experiencia en el gremio y su cercanía en las negociaciones con los gobiernos locales.

Sobre Saya Mamani, el fiscal indicó que este dirigía el brazo armado y con sus allegados acudía a las obras y amedrentaba a los empresarios para obligarlos a cumplir sus exigencias.

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La modalidad

De acuerdo a la tesis fiscal, la banda no discriminaba si se trataba de obras públicas o privadas, en cualquiera de ellas cobraba cuota sindical. Para ello infiltraba a uno de sus compinches en el grupo de trabajadores de construcción civil y este informaba sobre la situación de la obra. Si los empresarios no querían pagar la cuota sindical eran amenazados con la paralización de la obra o con el envío de las "masas".

El Ministerio Público intervino también instituciones públicas que estarían involucradas en la banda. En el Gobierno Regional de Arequipa se intervinieron las oficinas de las gerencias general, de infraestructura, de conflictos sociales y de trabajo. También la Oficina de la Inspectora de la Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Los fiscales buscaron las actas de acuerdos con obreros de construcción civil por obras del Hospital Maritza Campos y la vía de cuatro carriles, así como la variante de Uchumayo. La investigación continúa.

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