En prisión y sin familia ni abogados: la Navidad de Pedro Castillo tras el fallido golpe de Estado

El último miércoles 7 de diciembre, Pedro Castillo fue el protagonista de un momento límite, de esos en los que, dependiendo el resultado, la vida de alguien dará un giro de 180 grados: el anuncio de un golpe de Estado como consecuencia de un cierre forzoso del Congreso de la República, que terminó por ser la estocada final a su aventura presidencial. Tras ello, en cuestión de horas, perdió su cargo como jefe de Estado, su libertad y el contacto con su familia. La posibilidad de decir adiós a sus seres queridos se convirtió en un lujo para quien solo un año atrás se preparaba para celebrar su primera Navidad en Palacio de Gobierno.

La celebración de Nochebuena del 2022 para Pedro Castillo fue un momento en soledad en su celda del penal de Barbadillo, donde cumple los 18 meses de prisión preventiva impuestos por el juez supremo Juan Carlos Checkley. Un lugar que empieza a cobrar cierta tradición de albergar a exdictadores o aquellos que intentaron ponerse ese disfraz en su peor cuarto de hora. Aquí también pasó su Navidad el exmandatario Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

La familia de Pedro Castillo

En el plano familiar, Castillo Terrones pasó esta fecha de fin de año lejos de su familia. La ex primera dama Lilia Paredes se encuentra en México, protegida bajo el manto de un asilo político concedido por el Gobierno de Manuel López Obrador para ella y para sus dos hijos menores de edad.

El expulsado embajador mexicano, Pablo Monroy, se pronunció —desde México— sobre la situación de Lilia Paredes. Advirtió que el asilo político otorgado “tiene efectos amplios”. Además, alertó a las autoridades peruanas de que, “si para México se trata de un delito político (por el que se pretende juzgar a Lilia Paredes), entonces el Estado peruano tiene que aceptarlo así”. Y recordó que el proceso fiscal contra la esposa de Pedro Castillo aún se encuentra en etapa de investigación.

El Gobierno de México se ampara en la Convención de Caracas, firmada en 1964, para haber asilado a Paredes Navarro y sus hijos. En ese documento se estableció que no se le pueda dar asilo “a las personas que son imputadas por un delito o que son sentenciadas”, pero este no es el caso de Lilia Paredes, contra quien existía una medida de comparecencia con restricciones, que fue anulada por el Poder Judicial el mismo día en el que Perú decidió expulsar del territorio nacional a Pablo Monroy.

Los abogados de Pedro Castillo

Desde que dejó la presidencia de la República, Pedro Castillo tuvo 8 abogados distintos. Su primer representante legal fue el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres, quien lo acompañó durante sus primeras horas como detenido en la sede de la Prefectura del Cercado de Lima. Estuvo presente cuando llegaron los fiscales encabezados por la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, para informarle al expresidente los detalles de su detención. Este lo acompañó en todo el proceso legal y en el helicóptero cuando fue trasladado —durante la noche del miércoles 7— a la Diroes.

Así como Aníbal Torres, se sumaron a la defensa legal del expresidente los abogados Wilfredo Robles Rivera y Víctor Pérez Liendo. Días después se presentó a Miguel Pérez Arroyo, exabogado de Alberto Fujimori ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y a la letrada María Esther Adriano Guzmán como sus abogados, pero el primero renunció y contó que tomó la decisión tras ser víctima de ataques directos por parte de su círculo más cercano.

Ante el inminente pedido del Ministerio Público de prisión preventiva contra Pedro Castillo, los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, ambos personajes cercanos al congresista Guillermo Bermejo, asumieron su defensa. Estos decidieron no participar en la audiencia como una estrategia para cuestionar el proceso, por lo que el abogado de oficio Ítalo Díaz tuvo que hacerse cargo, pero finalmente perdieron ante la sala presidida por el juez Checkley y el resultado fue 18 meses de prisión preventiva contra el ex jefe de Estado, quien los cumple en el penal de Barbadillo.

Pedro Castillo acude a la vía judicial para recuperar su libertad

El último 24 de diciembre, el Poder Judicial admitió a trámite la apelación presentada por el expresidente Pedro Castillo para que se deje sin efecto la resolución en la que se le impone 18 meses de prisión preventiva por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre.

Cabe recordar que, la aceptación a trámite de una apelación se determina si se cumplen con las formalidades que exige la ley para que sea evaluado por una instancia superior. En tanto, tendrá que realizarse una audiencia para revisar la prisión preventiva. El juez supremo Juan Carlos Checkley concedió el máximo tiempo solicitado por la Fiscalía. En tanto, Pedro Castillo seguirá esperando en el penal de Barbadillo.