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Política

Pedro Castillo: el panorama con el que acudirá el presidente ante la Comisión de Fiscalización

Queda cada vez menos para que el jefe de Estado llegue al Congreso para responder las preguntas del grupo de trabajo presidido por el fujimorista Héctor Ventura. Estas son las claves del caso que se desarrolla entre conflictos sociales y escándalos de corrupción.

Castillo será interrogado por la Comisión de Fiscalización del Congreso este lunes 27 en medio de un paro de transportes. Foto: composición de Jazmín Ceras/ La República
Castillo será interrogado por la Comisión de Fiscalización del Congreso este lunes 27 en medio de un paro de transportes. Foto: composición de Jazmín Ceras/ La República
Laura Vásquez

El presidente de la República, Pedro Castillo, está a puertas de enfrentarse con el ente más crítico que ha tenido su Gobierno, el Congreso. Este lunes 27 de junio, en medio de una anunciada huelga de transportistas y con otro ministro a punto de ser censurado, es importante revisar los hechos que llevaron a que un presidente en funciones sea investigado no solo por el Ministerio Público, sino también por el Parlamento.

Pedro Castillo en la Fiscalía de la Nación

En mayo de este año, el mandatario marcó un hito histórico —aunque no por un buen motivo— luego de que el exfiscal de la nación Pablo Sánchez decidiera ampliar la investigación que abrió contra el exministro del MTC Juan Silva, en la que incluía al jefe de Estado y a los seis congresistas de Acción Popular sindicados como Los Niños.

Tras la presentación de un recurso de nulidad por parte de Benji Espinoza, defensa de Castillo —en el que apeló al artículo 117 de la Constitución, que no permitía que se investigue al mandatario—, el documento fue rechazado. El jefe de Estado, por ello, se vio en la obligación de acudir a la Fiscalía de la Nación para responder las preguntas de Sánchez.

Aprieto. Presidente Pedro Castillo iniciará su segundo año de gobierno en la mira de Fiscalía. Foto: difusión

Estas abarcaron su relación con el caso Puente Tarata III, los audios revelados entre Zamir Villaverde y Juan Silva, y las imputaciones hechas por la lobbista y colaboradora eficaz Karelim López.

Es así que, el último 17 de junio, el presidente se presentó en la sede del Ministerio Público para una cita que duró un total de tres horas. A su salida de la reunión, aseguró haber respondido todas las preguntas del exfiscal de la nación.

El presidente también aseguró estar dispuesto a seguir todos los procesos de la investigación. “Hemos estado donde corresponde estar el día de hoy. En una situación de parte de la Fiscalía, donde nos hemos dado todo el tiempo y la disposición para responder todas las preguntas. Desde aquí les digo que estamos dispuestos a seguir respondiendo porque el Perú necesita que se esclarezcan las cosas y lo vamos a seguir haciendo”, dijo.

El Poder Judicial y la tutela de derechos infructuosa

Contrario a lo expresado por el presidente, la estrategia de la defensa de Castillo ha sido intentar frenar las pesquisas del Ministerio Público. El primer intento de cesar con las investigaciones de Pablo Sánchez se dio mediante el pedido de nulidad presentado ante la Fiscalía el 31 de mayo, el cual fue rechazado.

Sin embargo, esto no detuvo a Benji Espinoza, quien se dirigió al Poder Judicial para hacer el pedido de tutela de derechos el 7 de junio con el objetivo de que se detengan las investigaciones basándose en la condición de gobernante del presidente.

Benji Espinoza asumió la defensa del presidente en el pedido de tutela de derecho. Foto: Gerardo Marín/La República

La sustentación del pedido de tutela transcurrió de manera accidentada, ya que se interrumpió la reunión debido a la repentina transmisión de un video viral que generó confusión entre los asistentes en el proceso.

Con video viral o no, la respuesta del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria fue determinante, puesto que el 24 de junio se resolvió que esta tutela de derechos sea declarada como infundada. Dando paso a las investigaciones por los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y organización criminal.

Benji Espinoza, el abogado de Castillo

La defensa del presidente no solo debe afrontar las investigaciones de la Fiscalía, sino también la inclusión del mandatario en las pesquisas que se están desarrollando en el Congreso por parte de la Comisión de Fiscalización.

La estrategia de Espinoza en ambos casos siempre ha sido de reserva o evasión. Días antes de que se cumpliera la visita de Castillo en el Ministerio Público, el abogado condicionó la participación del mandatario con el fallo tomado por el Poder Judicial. Sin embargo, debido a lo resuelto por el ente de justicia, Castillo tuvo que apersonarse sí o sí a la entidad.

A menos de un día de la llegada de Castillo al Congreso, Espinoza confirmó ante los medios que existe la posibilidad de que Castillo solicite ejercer su derecho a guardar silencio durante su participación en el Parlamento.

Benji Espinoza también sostiene que, teniendo en cuenta la naturaleza de las investigaciones y los temas por los que se realizan, estas dos pesquisas se estarían tratando en paralelo.

“La Comisión de Fiscalización quiere hacer una investigación paralela al Ministerio Público. He revisado la información que se cursó en Palacio y señala que estos hechos por los cuales la comisión del Congreso tiene al presidente como investigado son los mismos hechos que conoce la Fiscalía”, advirtió, para luego indicar que dicha investigación podría violar la Constitución en el artículo 139.2, el cual señala que ninguna autoridad puede enfocarse en causas que están en trámite y que corresponden enteramente al Ministerio Público.

La Comisión de Fiscalización del Congreso

Mientras tanto, el equipo de trabajo parlamentario presidido por el fujimorista Héctor Ventura ha manejado sus pesquisas con toda regularidad.

Los cargos que se le imputan al jefe de Estado van desde su presunta injerencia en los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas hasta el caso del Puente Tarata, pasando por las licitaciones en el MTC y su relación don Juan Silva y Zamir Villaverde al haber sido referenciado en algunas ocasiones en los diversos audios revelados.

“Todas las declaraciones y todas las investigaciones que hemos estado llevando conllevan a la presunta participación del presidente Pedro Castillo”, indicó Ventura, y añadió que, para todas estas imputaciones, la comisión cuenta con elementos probatorios y de convicción.

Al frente. Ventura prácticamente ya ha culpado a Castillo. Foto: Félix Contreras/La República

Ante todas estas imputaciones emitidas por el Congreso, Castillo tendrá que apersonarse al Legislativo este lunes 27 de junio desde las 9.30 de la mañana para responder las preguntas formuladas por la Comisión de Fiscalización.

El mandatario se ha mostrado reticente a presentarse e incluso se le hizo difícil aceptar la batería de preguntas que solicitó previamente al grupo de trabajo de Ventura. Además de estas interrogantes, Castillo también tiene acceso a todo lo desarrollado por dicha comisión hasta la fecha, con el objetivo de que Benji Espinoza pueda ejercer una defensa correspondiente.

Cambio de condición a investigado

El jefe de Estado no estaría del todo dispuesto a participar en la cita con el Congreso. Es por ello que la Comisión de Fiscalización tuvo que cambiar su condición de testigo a investigado el último 16 de junio tras haberlo invitado hasta tres veces anteriores al grupo de trabajo sin mayor respuesta de su parte.

En su momento, Castillo declinó dichas invitaciones por falta de temas y no alteró su agenda para dar espacio a las preguntas del Congreso. No fue hasta que decidieran investigarlo que el presidente mostró disposición ante los requerimientos del Legislativo.

Los audios de Zamir Villaverde, Pacheco, Silva, y su relación con el presidente

La fuga de sus sobrinos Fray Vásquez y Gianmarco Castillo, las imputaciones hechas por Karelim López, los audios de Zamir Villaverde, los 20.000 dólares de Bruno Pacheco y su cercanía con Juan Silva son los principales motivos de las indagaciones y los cuestionamientos al presidente.

De todos ellos, los audios de Villaverde son los que arrojan más suspicacia sobre Pedro Castillo. La primera vez que se le referencia es en una conversación con Pacheco, en la cual se escucha al empresario preguntar si el presidente no tenía una opinión con respecto al reparto de ministerios. El exasesor respondió con un “sí, pero no dice nada”.

En una segunda conversación, esta vez entre Villaverde y Juan Altamirano, se menciona que el presidente Pedro Castillo, si bien no estaba inmiscuido en las contrataciones irregulares del MTC, sí había tenido conocimiento de ellas.

Las aseveraciones confirman la tesis planteada por la Fiscalía de la Nación y generan motivos de sospecha sobre el presidente, quien negó toda cercanía con estos personajes en la última entrevista que tuvo con el periodista Julio Navarro.

El contexto social de la visita del presidente al Legislativo

Todos estos hechos se han desarrollado en un contexto de gran revuelo social durante los últimos tres meses. Ahora hay un paro de transportistas anunciado para el 27 de junio, mismo día en el que el presidente se presentará ante la Comisión de Fiscalización y sin haber tenido la capacidad de prestar una atención especial a los requerimientos emitidos por los gremios de transportistas, para quienes la resolución a sus pedidos queda a cargo del ministro del MTC, Juan Barranzuela.

Este no es el único paro que se ha anunciado para las próximas semanas, ya que las organizaciones de comuneros y Rondas Campesinas han anunciado también un posible paro agrario para el 28 de julio, de no atenderse exigencias que consideran importantes como la creación de una asamblea constituyente, la elaboración de una segunda reforma agraria y la aprobación de la ley para la reducción de monopolios y oligopolios.

Uno de los dirigentes de los camioneros, Javier Marchese, indicó que su protesta no conllevará bloqueo de carreteras. Foto: La República

El Congreso, por su parte, no ha permitido que se haga la mejor de las gestiones, con proyectos de ley como la creación de los comités de autodefensa, el retorno a la bicameralidad —que viene con la modificación de 50 artículos de la constitución—, y retrocesos con respecto a educación sexual, como la ley que permite que los padres determinen los contenidos que se pueden mostrar en los textos escolares y que afecta al establecimiento del enfoque de género.

Percepción de la ciudadanía sobre Castillo y el Congreso

Todos estos hechos no han pasado desapercibidos por la ciudadanía, que ahora registra un 71% de desaprobación hacia el presidente, según una encuesta de IEP emitida este domingo para La República.

En esa misma línea, los resultados también arrojaron que el 73% de los peruanos considera que Castillo no tiene capacidad para Gobernar, lo cual deja al mandatario con una aprobación del 33% en la zona norte del país y con 45% en la zona sur.

En el centro y el oriente, la aprobación baja hasta el 25% y 27%, y a nivel de Lima Metropolitana solo se ve un 17% de aprobación.