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Política

Vladimir Cerrón: el 25 de noviembre juez decide si le impone prisión preventiva

La Fiscalía ha pedido que se le imponga 36 meses de reclusión penitenciaria mientras se le investiga por presunto financiamiento ilegal de Perú Libre.

Para la Fiscalía, Vladimir Cerrón obstruye la investigación que se le hace a la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro. Foto: La República
Para la Fiscalía, Vladimir Cerrón obstruye la investigación que se le hace a la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro. Foto: La República
César Romero

El juez de investigación preparatoria Jhon Pillaca anunció que este viernes 25 de noviembre, a partir de las 7.00 p. m., leerá la resolución sobre el pedido de prisión preventiva por 36 meses para el líder del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, en la investigación por el presunto financiamiento ilegal de dicho grupo político.

Jhon Pillaca hizo este anunció luego de varias audiencias virtuales en las que la Fiscalía y la defensa de Cerrón Rojas debatieron los argumentos a favor y en contra de la restricción de su libertad, mientras se le investiga por el presunto financiamiento ilegal de dicho grupo político.

Vladimir Cerrón: audiencia de prisión preventiva continúo este miércoles 23 de noviembre. Foto: captura/Justicia TV

Según la Fiscalía, la facción de Perú Libre dirigida por Vladimir Cerrón y sus familiares estuvieron involucrados en transferencias, conversión y ocultamiento de dinero proveniente de pagos ilícitos que habrían recibido por la adjudicación irregular en licitaciones, contrataciones de servicios en el gobierno regional de Junín.

El fiscal Richard Rojas sustentó la prisión preventiva en la alta probabilidad de la comisión del delito, la alta pena que recibiría por este, de hasta 35 años de prisión y el peligro proceso de que evada la acción de la justicia o que perturbe la misma influyendo sobre los testigos y peritos.

Peligro procesal

Rojas indicó que Cerrón no presenta un arraigo laboral, pues presenta diversas direcciones domiciliarias en Lima y Huancayo en su DNI, la SUNAT, la Administración Tributaria de la Municipalidad de Huancayo. Además, tampoco tiene arraigo laboral, ya que hasta ahora no se conoce cuál es su trabajo luego que fuera despedido de Essalud.

Adicionalmente, indicó que “existe el peligro de que pueda obstruir las investigaciones a partir del hecho de que su hasta hace poco abogado ahora trabaje para el Estado. El señor Cerrón dice que colaborara con las investigaciones, pero luego no asiste a las citaciones que se le realizan”, señaló el fiscal.

Igualmente, indicó que se han encontrado que Cerrón tiene llamadas con el abogado Eduardo Remi Pachas Palacios, actual defensor del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. “Los une el mismo partido político y el dinero ilícito fue para esta campaña electoral”, enfatizó.

La Fiscalía también señaló que un aspirante a colaborador eficaz ha declarado que Cerrón llama a las personas citadas para que le informen sobre lo que va a declarar, lo que demuestra que viene hostigando y amenazando a los testigos en la investigación.

Otras medidas

Vladimir Cerrón acumula un desbalance patrimonial de más de S/ 6 millones, según tesis fiscal. Foto: difusión

Por su parte, la defensa de Cerrón enfatizó que hasta ahora la Fiscalía no puede demostrar la certeza de los hechos bajo investigación. Además, que el propio juzgado de investigación preparatoria ha establecido el domicilio del investigado en Lima, cuando este solicitó variar su domicilio de Huancayo a Lima.

“Cuando no ha podido asistir a alguna diligencia, él ha justificado la inasistencia” aseguró su abogada.

Enfatizó que el juzgado puede imponer otras medidas restrictivas de libertad, como la comparecencia restringida o simple. “El señor Cerrón tiene una investigación que ya dura cinco años y él viene asistiendo a todas las citaciones”, indicó.

Esta será la primera resolución de un caso mediático político que se dictará luego de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que estableció nuevas reglas para imponer la prisión preventiva.

El TC estableció que el punto central de una prisión preventiva deben ser los elementos verificables del peligro de fuga o de obstaculización de las investigaciones, sobre la gravedad del delito, la alta pena a imponerse e incluso de la existencia del delito de organización criminal, pues eso supondría un adelanto de responsabilidad.