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Política

Piden US$141 millones de reparación por caso José Luna Gálvez

Acción. Procuraduría ad hoc solicitó que se incluya a la universidad Telesup para que comparta el pago de indemnización. Fiscalía indaga aportes de Odebrecht y OAS en campañas 2011 y 2014.

En la mira. José Luna Gálvez tiene cuestionamientos por sus lazos con ‘Los Cuellos Blancos’. Foto: John Reyes/ La República
En la mira. José Luna Gálvez tiene cuestionamientos por sus lazos con ‘Los Cuellos Blancos’. Foto: John Reyes/ La República
Alonso Collantes

La Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato ha pedido un monto preliminar de US$141.301.098 de reparación civil a favor del Estado por la investigación que dirige la Fiscalía contra el excongresista José Luna Gálvez y otro conjunto de implicados que habrían participado en un esquema de lavado de activos y organización criminal durante las campañas de Solidaridad Nacional en los años 2011 y 2014.

Dicha cantidad, por el momento, es la que ha postulado el equipo adscrito al Ministerio de Justicia en representación de los intereses de la sociedad civil en el caso. En el escenario de que llegue a aprobarse dicho monto, con el avance del proceso hasta un juicio oral y una eventual condena, tanto Luna como los involucrados tendrían que compartir el pago de esa cantidad a favor del Estado por los daños provocados de forma patrimonial y extrapatrimonial.

Otro de los requerimientos que ha hecho la Procuraduría ad hoc recientemente es el de incluir como tercero civil responsable a la universidad privada Telesup en el caso. Es decir que con ello se busca que la propiedad cuyo accionista mayoritario es precisamente Luna Gálvez también pague, tras una sentencia judicial, la indemnización a las arcas estatales de manera compartida entre los demás investigados.

Según adujo el procurador adjunto Luis Bardales ante la jueza Margarita Salcedo Guevara, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria el último viernes, Telesup fue utilizada para blanquear dinero proveniente de Odebrecht en 2011 (US$200.000 por orden de Jorge Barata, entregado a Castañeda Lossio y Jorge Zegarra Lévano) para financiar la campaña presidencial de Castañeda en ese mismo año. Por esta razón, debía ser incluida en el caso, sostuvo.

La Procuraduría ad hoc busca incluir como tercero civil responsable a Telesup. Con ello, la universidad privada también pagaría, tras una sentencia judicial, una indemnización al Estado. Foto: John Reyes / La República

La universidad habría intervenido, además, según las indagaciones de la fiscal Milagros Salazar Paiva, como un intermediario para recibir dicha cantidad de origen ilícito para luego volver a las cuentas de Castañeda mediante cheques que emitió la misma universidad por asesorías o clases especiales en este centro de estudios.

En total, fueron alrededor de 21 movimientos bancarios que se realizaron vía Scotiabank a favor de Castañeda Lossio, actualmente fallecido y fuera de la investigación, desde setiembre del 2011 hasta noviembre del 2013, aproximadamente, con montos superiores a los S/30 mil por dichas asesorías en Telesup. Para la Fiscalía y Procuraduría, ello da cuenta de una intención de blanquear el dinero de Odebrecht.

En 2014 se usó un sistema similar para recibir dinero ilícito. Esta vez fueron las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS las que aportaron. La primera empresa se encargó de coordinar, a través del exejecutivo Raymundo Trindade Serra, una entrega de US$50.000 a Martín Bustamante Castro, exfuncionario de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Posteriormente se fue contactando a Luna y a Castañeda Lossio para utilizar aquel dinero y otros montos futuros de 70 y 80 mil dólares en su campaña electoral.

Claves del caso: lavado y red criminal

Parte de la imputación contra Luna Gálvez abarca el rol activo que tuvo como jefe de campaña en Solidaridad Nacional en 2014. Entre los demás investigados figuran Martín Bustamante Castro, Giselle Zegarra, Jorge Zegarra Lévano, José Quispe Lévano, Jaime Villafuerte, entre otros.

A Luis Castañeda Lossio se le atribuía ser jefe de una presunta organización criminal, pero tras su muerte en enero del 2022 se archivó el caso. Se mantienen sin embargo las imputaciones para los demás implicados.