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Política

Equipo Especial contra el Poder asume casos Sarratea, Tarata III, PetroPerú y entorno presidencial

Cambio de fiscales. Marita Barreto dispuso que las fiscales Karla Zecenarro, Luz Taquire, Norah Córdova y Jony Peña entreguen los expedientes en 48 horas.

Fuerza. La fiscal de la Nación Patricia Benavides indicó que el Equipo Especial contra el Poder deberá investigar y encontrar resultados respetando los plazos legales. Foto: Marco Cotrina/La República
Fuerza. La fiscal de la Nación Patricia Benavides indicó que el Equipo Especial contra el Poder deberá investigar y encontrar resultados respetando los plazos legales. Foto: Marco Cotrina/La República
César Romero

El Equipo Especial de fiscales contra el Poder, liderado por la fiscal superior Marita Barreto Rivera, resolvió asumir a partir de hoy todas las investigaciones al entorno del presidente Pedro Castillo, esto es los casos Sarratea, Tarata III, PetroPerú y entorno presidencial, que se venian desarrollando en las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos.

Nuevos fiscales del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder asumirán estos casos. La decisión de Barreto fue notificada la tarde del viernes, 8 de julio, a los despachos de las fiscalías provinciales que dirigen Luz Taquire, Karla Zecenarro, Norah Córdova y Jony Peña, a través de los coordinadores de sus respectivos subsistemas. Es decir, por intermedio del fiscal Rafael Vela en el caso de Taquire y de la nueva coordinadora de las fiscalías contra la corrupción, Elma Vergara Cabrera, en los casos de Zecenarro, Córdova y Peña.

En el documento, de acuerdo con diversas fuentes del diario La República, se les indica que en un plazo de 48 horas deberán proceder a entregar al Equipo Especial contra el Poder las carpetas de cada una de las investigaciones a su cargo, con todos los anexos, incidentes, incautaciones y todo documento concerniente al caso, incluidos los cuadernos de colaboración eficaz, todo debidamente foliado.

De acuerdo con las fuentes, Marita Barreto Rivera sustentó que estos casos guardan relación de investigados y objeto de la investigación, la presunta existencia de una organización criminal enquistada en el Poder Ejecutivo que estaría utilizando su poder político para copar el Estado en beneficio propio y, luego, para proteger y ocultar a los involucrados. Aspecto, ese último, que lo convierte en un caso complejo. De esta manera, se busca evitar decisiones contradictorias, subraya la resolución.

Los casos

La fiscal Karla Zecenarro Monge, del quinto despacho de la Segunda Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción deberá entregar la investigación sobre los presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la licitación de la obra de construcción del puente Tarata sobre el río Huallaga, en la región San Martin, que se adjudicó al Consorcio Puente Tarata III, caso que incluye las reuniones en la casa del jirón Sarratea, en los primeros días del gobierno del presidente Castillo y al exsecretario de la presidencia, Bruno Pacheco.

Zecenarro también deberá hacer entrega del cuaderno especial de colaboración eficaz que inició el detenido empresario Zamir Villaverde. Horas antes de enterarse de que debía entregar este expediente, la fiscal se pronunció a favor de revocar la prisión preventiva que venía cumpliendo Villaverde desde marzo último, por motivos de seguridad.

La fiscal Norah Córdova Alcantara, titular del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, desarrollaba la investigación al empresario Samir Abudayeh, el expresidente de Petroperú, Hugo Chávez y la lobista Karelim López por el presunto negociado en la adquisición de Biodiésel B100 a la empresa Heaven Petroleum Operators, para el abastecimiento a las plantas de ventas del Callao, Conchán y Mollendo.

El fiscal Jony Peña Suasnabar, del Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, recién había comenzado la investigación a la cuñada del presidente, Yenifer Paredes por su relación con el empresario Hugo Espino Lucana, representante y gerente de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción y el ofrecimiento de obras públicas en el distrito de Chadín, en la provincia de Chota, Cajamarca.

Justamente, el viernes en la mañana, Peña interrogó a la primera dama de la Nación, Lilia Paredes sobre las visitas de Espino Lucana a Palacio de Gobierno. Además, tenía programado para el lunes 11 de julio, el interrogatorio a Yenifer Paredes y al día siguiente, 12 de julio, a Hugo Espino. Es posible que ambos interrogatorios sean postergados hasta que se proceda a entrega del expediente y el caso sea asumido por un nuevo fiscal.

La fiscal Luiz Taquire Reynoso, del séptimo despacho de la Segunda Fiscal Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos debe entregar la investigación por lavado de activos que sigue a los representantes del Consorcio Puente Tarata III y las empresas Tapusa, Termirex y Estructuras Metálicas.

Además, de Samir Abudayeh, Karelim López, la esposa del extitular del MTC, Norma Sánchez Córdova y los sobrinos del presidente Castillo, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, entre otros empresarios y excolaboradores del presidente.

Igualmente, Taquire debe entregar el cuaderno especial del proceso de colaboración eficaz que inicio en febrero la lobista Karelim López, que se encuentra en proceso de corroboración.

Esta semana la fiscal Luz Taquiere habían recibido información de la Unidad de Inteligencia Financiera que reveló que Norma Sánchez realizó un pago de 50 mil soles en efectivo, el 9 de noviembre del 2021, para amortizar un crédito del prófugo exministro Juan Silva. Además, de un transferencia bancaria por 30 mil soles. Dinero, que para la fiscalía procedería de los 100 mil que Zamir Villaverde le habría entregado a Silva, como señala de buena fe.

Nuevos fiscales

Una vez que reciba las carpetas o expedientes fiscales, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder definirá si mantiene las investigaciones separadas o acumula todo en un gran megaproceso. Las investigaciones serán asumidas por nuevos fiscales provinciales. Al día de hoy, este nuevo Equipo Especial cuenta con dos fiscales provinciales, Raúl Ernesto Martínez Huaman y Hans Aguirre Huatuco. Ellos son los que dirigirán las investigaciones.

Marita Barreto es la coordinadora del Equipo Especial y como tal es la vocera y dirige la estrategia general, pero las investigaciones en específico estaran a cargo de los fiscales provinciales antes mencionados. Además, ella actuará en segunda instancia, ante apelaciones contra las decisiones de los fiscales provinciales.

Los procesos de investigación antes mencionados involucran a más de 20 investigados, entre excolaboradores y familiares del presidente Castillo, funcionarios de Provias Descentralizado y Petroperú y diversos empresarios.

De este grupo de investigados, dos se encuentran prófugos, el exsecretario de la presidencia, Bruno Pacheco y el sobrino Fray Vásquez Castillo. Además, cuatro cumplen prisión preventiva: los exfuncionarios de Provías Descentralizado Víctor Valdivia Malpartida, Edgar William Vargas Mas y Alcides Villfuerte Vizcarra y el empresario Luis Pasapera.

La mayoria de los demás investigados cumplen comparecencia restringida, con impedimento de salida del país. El aspirante a colaborador Zamir Villaverde, que se encuentra detenido debe salir en libertad, en los próximos días, luego que el viernes el juez Manuel Chuyo Zavaleta le otorgó comparecencia restringida.

El exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva se encuentra prófugo, pero su caso lo ve la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La fiscal de la Nación continuará investigando al presidente Pedro Castillo, al exministro Juan Silva y los seis congresistas de Acción Popular, conocidos como “Los Niños”, en su condición de altas autoridades públicas.

El traslado de los expedientes se concretaria entre el lunes y martes, pues debe estar debidamente foliado y revisarse que todo se entregue y todo se reciba, para evitar que alguna prueba pueda desaparecer en este proceso de cambio de fiscales.